QUITO/AFP
El presidente Rafael Correa pidió, ayer lunes, a la asociación de los principales periódicos de Ecuador, sustentar con pruebas su denuncia de que hubo “manipulación de la justicia” en el fallo contra el diario El Universo, advirtiendo que de lo contrario se trataría de una difamación.
“Esperamos que presenten las pruebas del caso, si no, sería otro caso de gravísima difamación”, dijo el mandatario en declaraciones durante un acto, según la agencia pública Andes.
Correa añadió que ser presidente no le resta posibilidad de defender su honor, y sostuvo que “el límite de la libertad de expresión” es “la honra y la dignidad de las personas”.
El jefe de Estado se refería a un comunicado de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), en el que ese gremio rechazó la condena a tres años de cárcel y el pago de 40 millones de dólares contra tres directivos y un exeditor de opinión de El Universo, en una demanda por injuria planteada por el mandatario.
La AEDEP, que reúne a 24 publicaciones, afirmó que los derechos ciudadanos “han sido vulnerados con la manipulación de la justicia, que se ha hecho evidente” en esta “apresurada, absurda e ilegal sentencia”.
La asociación también pidió a la justicia que “anule” el dictamen, indicando que es “un ataque sin precedentes en contra de la libertad de opinión y del ejercicio del periodismo en Ecuador”.
Correa presentó la querella a raíz de un artículo en el que el exeditor de opinión, Emilio Palacio, le advierte que una corte internacional podría juzgarlo por delitos de lesa humanidad, al supuestamente haber ordenado abrir fuego contra un hospital durante una rebelión policial, el 30 de septiembre de 2010.
El cotidiano pidió la nulidad del proceso, mientras que Correa apeló para reclamar los 80 millones de dólares que exigió inicialmente, que anunció destinará a un plan del gobierno contra el calentamiento global.
Junto con Palacio, el juez sentenció al director del rotativo, Carlos Pérez, y a los subdirectores Nicolás y César Pérez, quien sostuvo que ni los directivos ni la empresa tienen cómo pagar la indemnización a que obliga el fallo.
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