VERACRUZ/MIAMI/EFE
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- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó ayer su condena por el asesinato en México de la reportera Yolanda Ordaz de la Cruz, del diario Notiver de Veracruz.
Marroquín, del diario guatemalteco Siglo 21, manifestó también solidaridad con los familiares y colegas de la periodista asesinada.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard, del periódico estadounidense San Antonio Express-News, reiteró que “el Gobierno debe cumplir con su compromiso de septiembre pasado de impulsar reformas legales para federalizar los asesinatos contra periodistas y garantizar la seguridad de los reporteros.
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La mexicana Yolanda Ordaz de la Cruz, cuyo cadáver fue hallado ayer en Veracruz, se convirtió en la quinta periodista asesinada este año en México, uno de los países más peligrosos en la región, pues 71 comunicadores han perdido la vida desde 2000.
“Cada atentado en perjuicio de un periodista (…) es un atentado en contra o en perjuicio de la vida democrática del país”, dijo el Quinto Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Fernando Batista, al condenar el crimen.
Los restos de la reportera del diario Notiver fueron encontrados ayer en la madrugada en Boca del Río, municipio vecino al puerto de Veracruz ubicado unos 300 kilómetros al este de la capital del país, después de permanecer dos días desaparecida.
El cadáver, degollado y con huellas de tortura, fue arrojado alrededor de 04.00 hora local (09.00 GMT) en la calle Habaneras, justo detrás de la sede de otro rotativo, Imagen de Veracruz, de amplia presencia en la zona turística de Veracruz-Boca del Río.
En entrevista, Batista detalló que con el asesinato de Ordaz de la Cruz “suman 71 homicidios” de periodistas registrados por el organismo desde 2000, con 2009 como uno de los peores años, con 12 casos, y 2011, con 5 hasta el momento.
“Ejercer el periodismo en nuestro país hoy en día es una profesión de alto riesgo”, a pesar de que “es fundamental para garantizar la vida democrática del país, la vigencia de cualquier Estado de Derecho”, afirmó.
Batista indicó que la CNDH, un organismo público autónomo con funciones de Oficina del Defensor del Pueblo, ya abrió “una investigación de oficio” por el crimen, y “gestiones para localizar a los familiares de Yolanda y ofrecerles este apoyo jurídico, legal, psicológico si es el caso y así lo requieren”.
“Lo que vamos a hacer es verificar que la averiguación previa, que en todo caso se abre con motivo de este lamentable suceso, se integre conforme a Derecho y, sobre todo, que se dé con los responsables y evitar en el futuro que se repitan actos de estas características”, apuntó.
DELINCUENCIA ORGANIZADA
Hasta el momento, la Procuraduría General de Justicia de Veracruz cree que la delincuencia organizada está detrás del crimen por las características e indicios recabados en torno al caso.
El procurador (fiscal) del Estado de Veracruz, Reynaldo Escobar Pérez, señaló que “todo apunta” a que el asesinato fue perpetrado por alguna organización criminal y dijo que el caso se investigará “hasta sus últimas consecuencias”.
Escobar señaló que probablemente el asesinato está relacionado con posibles nexos de Ordaz con alguna organización criminal, y ello hubiera propiciado que otro grupo rival acabara con ella.
Esta versión fue criticada por el director de la ONG Article XIX, Darío Ramírez, quien consideró una “barbaridad” haber aparentemente borrado “una línea que se tendría que agotar”.
Además, Ramírez llamó la atención sobre el hecho de que en Veracruz haya habido “tres asesinatos (de periodistas) en dos meses” y “17 agresiones y amenazas” contra ellos por parte “de fuerzas de seguridad estatales y municipales”, de acuerdo con datos de la ONG.
El crimen de Ordaz de la Cruz es el segundo de un profesional de Notiver después de que el pasado 20 de junio el periodista Miguel Ángel López Velasco, conocido como “Milo Vela“, fuera acribillado en su domicilio, en el puerto de Veracruz.
Hasta el momento, el rotativo, que informó de la muerte de Ordaz de la Cruz en su página electrónica y en su última edición de ayer, no ha ofrecido su versión sobre lo ocurrido.
En el este de México operan las organizaciones criminales de Los Zetas y el cártel del Golfo, que se disputan el control en el país en cuanto al tráfico de drogas, de mercancías y personas, especialmente indocumentados.
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