Con la entrada en vigencia del cobro o canon a las empresas privadas que hacen uso del agua como materia prima, la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) tendría una oportunidad, logrando una inyección de capital para la ejecución de proyectos que permitan ampliar y mejorar la cobertura del servicio de agua potable en el país.
Sin embargo, la medida, promovida por el Gobierno, reventó intereses de varios sectores empresariales y originó una serie de negociaciones para establecer un canon o cobro básico por el uso del agua.
PREMIADOS
En una trama de varios capítulos y cuyo final no fue del agrado de todos, las empresas del sector privado que utilizan el agua como materia prima aparentemente resultaron recompensadas por la actual administración de gobierno, que luego de establecer mediante tres decretos presidenciales que estas debían pagar un canon por el uso de agua proveniente de pozos privados (12 córdobas por metro cúbico sustraído), dio un paso atrás con los montos establecidos reduciendo estos cobros.
En su momento, el presidente de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Luis A. Montenegro, confirmó que esta decisión (reducción de cobros) se produjo en aras de establecer un “acercamiento” con la empresa privada que ayudara a consensuar posiciones, logrando un “arreglo” y así establecer un cobro que no afectara el desarrollo económico de la industria y que esta siga siendo competitiva frente a la industria del mercado regional.
“La Corte (Suprema de Justicia) estableció que el cobro era legal. Pero para no crear afectaciones a la industria nacional se dialogó y determinó de forma consensuada con los empresarios aplicar un cobro de cinco centavos de dólar y no de 12 córdobas. Ahora el Gobierno lo que está haciendo es legalizar el nuevo monto del canon que fue previamente avalado por la Cámara de Industrias de Nicaragua y la ANA”, indicó.
CONFLICTOS DE INTERESES
El decreto 10-2008 estableció un canon de 12 córdobas por metro cúbico de agua sustraída a las empresas embotelladoras, cerveceras, y procesadoras de alimentos y café. También establecía el cobro de ocho córdobas por cada metro cúbico de agua extraída de pozos que consumieran los colegios y universidades privados, así como los restaurantes, empresas de zonas francas.
Posteriormente el decreto 20-2008 deroga el decreto 10 del mismo año y establece un “cobro para coadyuvar con la conservación y protección de los acuíferos”.
De ahí que en la capital, al igual que las ciudades de sus otros municipios, se extraiga agua potable de 172 pozos que se abastecen del manto acuífero y la laguna de Asososca.
Las mejores áreas para la exploración de agua subterránea las constituyen los acuíferos aluviales localizados a lo largo de la cuenca sur del lago de Managua, en zonas dispersas a lo largo de la costa del Pacífico o en sitios específicos como en las cercanías de Sabana Grande y Ticuantepe, donde con el apoyo de la cooperación japonesa se construyeron en este último sitio campos de pozos para abastecer la ciudad, que tiene casi el 25 por ciento de la población total de Nicaragua.
Un problema que se ha detectado en los últimos años reside en que la disminución de agua captada en los acuíferos, más la contaminación y sobrexplotación de algunos pozos, ha causado bajas en el nivel de agua subterráneo, haciendo necesario perforar pozos con más profundidad.
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Asimismo fija la “recaudación de 12 córdobas mensuales por metro cúbico de toda persona natural o jurídica; que a través de pozos privados extraiga agua subterránea y utilice el recurso agua como materia prima de su proceso productivo para la obtención de un producto final, tales como cervezas, hielos, rones, aguardientes, agua embotellada, bebidas gaseosas y refrescos embolsados o envasados. De esta decisión se excluyó a las universidades y embajadas, que estaban en el decreto inicial”.
Según la expresidenta de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), Ruth Selma Herrera, estas disposiciones se originaron porque se dio una proliferación de la perforación de pozos privados.
Herrera agregó que había que regular la extracción de agua, para no afectar la producción y distribución del agua potable brindada mediante la red de distribución a nivel nacional.
Asimismo promover la conservación y protección de los pozos que, a su criterio, son explotados de manera indiscriminada.
Herrera señaló que en esa oportunidad hubo una comprensión y anuencia del presidente Ortega (Daniel) para emitir estas medidas. Sin embargo, confirmó que después aparecieron intereses económicos de distintos sectores que a su juicio ejercieron presión y llevaron a una reducción extrema el cobro original.
SE AMPARARON
Explicó que como respuesta a la medida de cobro casi 40 empresas privadas, en su totalidad de Managua, introdujeron un recurso de amparo por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en contra de los cobros establecidos por el uso de agua extraída de pozos privados.
Dos años después (en el año 2010) la CSJ resuelve dar no ha lugar al recurso interpuesto (Resolución No. 4 del 2010), declarando la legalidad del cobro.
ESTÁN CONFORMES
Mario Amador, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), manifestó que en su momento el presidente Daniel Ortega no estuvo bien asesorado y estableció cobros o un canon por uso de agua extraída en pozos privados de 12 córdobas, que atentaba y perjudicaba al sector privado.
“Se establecieron propuestas más serias y acordes a la realidad nacional, pero similar a la del vecino país de Costa Rica, donde según cobran 0.06 centavos de dólar por metro cúbico y no 12 córdobas tal como fue la presentada por las autoridades de Enacal en el año 2008”, dijo.
“Después de varias reuniones con el presidente Ortega, donde le hicimos una serie de planteamientos y argumentamos que estos cobros eran elevados. Si abrimos un pozo tenemos que darle mantenimiento, gastamos en energía eléctrica para su funcionamiento, al igual que Enacal utiliza recursos para extraer el agua y llevarla a los hogares. Acordamos que queríamos pagar, pero algo que sea justo, por lo que promediamos entre la tarifa más alta y la más baja de Centroamérica y nos resultó 0.05 centavos de dólar, que es la tarifa reflejada en el decreto último del 31 de marzo del 2010 y eso es lo que vamos a pagar”, explicó.
Según lo estipulado en el decreto presidencial las empresas privadas deberán pagar 700,000 dólares retroactivos de dos años, cifra que fue confirmada por Amador.
“Fue conforme esta última disposición que las empresas le pagaron recientemente a Enacal”, sostuvo Amador, quien es del criterio que es la tarifa ideal para los empresarios, quienes desde mayo pasado formularon una propuesta de canon de los diferentes sectores económicos, los cuales van desde el orden de 0.15 centavos de dólar las maquiladoras hasta el de 0.05 el sector de embotelladores y de rones, resultando excluidas las pequeñas y medianas empresas.
Amador dijo que si se pudiera demostrar que el agua extraída de un pozo significa en la práctica que otros sectores se queden sin el acceso al recurso, estaría conforme con que se cobre más, pero no hay estudio que lo compruebe.
NEGOCIACIONES FUERON BUENAS
En el decreto 17-2011 se oficializó el cobro exclusivo de 0.05 centavos de dólar a las empresas que utilizan el agua con fines industriales.
Luis Ángel Montenegro, autoridad nacional del Agua (ANA), explicó que este cobro o canon está dirigido básicamente a un mínimo de empresas del sector industrial, donde destacan las embotelladoras de agua purificada y las que venden bebidas como Coca Cola y Pepsi; rones y cervezas que utilizan el agua para fabricar sus productos.
Montenegro dijo que se aceptó la propuesta del sector privado para evitar que la competitividad resulte afectada.
“Nosotros avalamos este cobro, por el momento, mientras se logra dictaminar la Ley General de Cánones y Tarifas, (aceptamos que) se mantenga de esta manera”, argumentó.
GOBIERNO FUE FLEXIBLE
Para Clemente Martínez, especialista ambiental de la Asociación Nochari, el Estado de Nicaragua y las instituciones como el ANA, Comisión Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) y Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), son responsables por la gestión de los Recursos Hídricos y del agua potable, y no han sabido articularse para administrar bien estos recursos y evitar que el agua se siga extrayendo de forma no regulada.
Sostuvo que los funcionarios de estas instituciones a su parecer no tienen el carácter firme para hacer cumplir lo que establecen las leyes .
Por otro lado, dijo que se debe considerar que en los negocios de las empresas privadas que utilizan agua como materia prima, existen empresarios de todos los colores políticos con diversos intereses, respecto a no pagar por el uso del agua.
“Considero que debido a esto es que la ANA ha adoptado la política de flexibilizar acuerdos entre todos los sectores para no aplicar el decreto a como se aprobó originalmente, sino que negoció por consenso para una tarifa que más convenga a los empresarios”, dijo.
“Recordemos también que estos empresarios pueden financiar campañas políticas de candidatos de todos los colores políticos, sean estos candidatos a alcaldes, diputados, presidentes, concejales; por consiguiente piden trato preferencial una vez que estos llegan al poder”, especificó.
Agregó que el Gobierno debió aprobar ya la Ley de Canon que manda la Ley Nº 620, (Ley General de Aguas Nacionales).
“Es por ello que ha querido gobernar el uso de agua por decreto. Quizás cuando se logre aprobar la Ley de Canon por parte de la Asamblea Nacional no haya dudas de su aplicación , indicó Martínez.
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