Durante la sesión ordinaria del Concejo de Managua en enero de 2010, la alcaldesa putativa Daisy Torres aseveró, como consta en acta, que “una mafia organizada heredada de las administraciones anteriores está saqueando la Alcaldía de Managua”. Cuarenta y ocho horas después de estos serios señalamientos, el otrora alcalde de la ciudad capital, Dionisio Marenco, ripostó públicamente a Torres exigiéndole que “en vez de llenar de lodo a exfuncionarios de la comuna, informe: ¿qué dinero fue el que se sustrajo?, ¿de qué cuenta salió?, ¿quién firmó los cheques? y ¿qué banco lo manejaba?”
Marenco fue más allá y dijo: “Hay graves problemas de organización en la actual administración, se han formado oficinas paralelas y varias cabezas emiten cheques. Tiene que haber un solo procedimiento; si ponés a varias personas no hay control. La alcaldesa tiene uno, Fidel Moreno tiene otro, y Edgardo Cuarezma tiene otro”.
El exalcalde también señaló que “el robo de más de cuatro millones de córdobas en la Alcaldía de Managua se dio en la Dirección de Relaciones Públicas e Internacionales y que el dinero salió de dos fondos de contrapartida de cooperación; uno de la Cooperación Española, para el proyecto de La Chureca, y el otro de la Cooperación Italiana, relacionado con camiones recolectores de basura”.
Luego de estos serios señalamientos de corrupción se inició un juicio y la Juez Sexto del Distrito Penal del Crimen de Managua, Ingrid Lazo, emitió un fallo de culpabilidad en contra de dos exfuncionarios de rango menor de la Alcaldía de Managua por peculado y falsificación de material, hasta por 3.5 millones de córdobas que, según los sentenciados, eran para el “plan rotonda”, que consistía en entregar refrigerios y comidas a los “rezadores” sandinistas durante el 2009.
Germán Palacios y Mario Cortez Urrutia, los dos procesados, sostuvieron durante el juicio que “las solicitudes de emisiones de cheques y hasta el retiro del dinero lo hicieron por órdenes directas de la ahora exdirectora de Relaciones Públicas e Internacionales, Loyda García, y del secretario general de la comuna, Fidel Moreno, quien también es secretario político y jefe de campaña del FSLN en Managua.
Los peritos de la Policía Nacional que investigaron el caso confirmaron que una de las dos firmas libradoras de los 31 cheques es la del jefe de campaña y secretario político del FSLN en Managua, Fidel Moreno, y la otra es la del director general administrativo y financiero de la comuna, Rolando Reyes. Adicionalmente, certificaron que las solicitudes de emisión de cheques son falsas, y que además contenían proformas y facturas de establecimientos comerciales que en algunos casos ni siquiera existen.
Al final del juicio la juez Lazo dijo que “en este caso, con 31 cheques (que fueron retirados y sumaron los 3.5 millones de córdobas) durante todo el 2009, no pudieron participar solo dos personas. Es imposible que nadie más se diera cuenta durante todo ese tiempo. Por algo los cheques deben llevar firmas libradoras, para pasar por controles y todos estos cheques pasaron por varias manos, en la Alcaldía de Managua tuvieron que haberlo advertido antes”.
Con estos hechos reales voy a compartir lo que hice como representante del pueblo de Managua: me apegué a la Constitución Política y a las leyes, en lo particular al artículo 223 del Código Procesal Penal, el cual establece textualmente que los funcionarios públicos tenemos la “obligación de denunciar los delitos de acción pública”, de lo contrario podemos ser acusados de cómplices por los delitos que otros cometieron. Por lo anterior, y cumpliendo con mi deber, procedí a denunciar los hechos ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, con el objetivo que se investiguen a fondo los hechos y se haga justicia, ya que dos personas están presas con sentencias de nueve años por acatar las órdenes de Moreno y García, y para que se examine la totalidad de los 157 cheques, ya que solamente se han auditado 32 de estos. Las consecuencias de mis acciones como representante del pueblo son cinco juicios políticos por la vía penal del FSLN en mi contra por cumplir con mi obligación. ¿Qué hubiera hecho usted?
El autor es concejal de Managua por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
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