Los calzones y la cerveza se conjugaron, pero la muralla de mujeres y un magistrado al que llamaron “cobarde” no. El mensaje que parodiaba la expresión del magistrado orteguista, Francisco Rosales, le atropelló la vista, minutos antes de las 9:00 a.m. Ayer se cumplían dos años y dos días después que Farington Reyes violara a Fátima Hernández Canda.
Esta organización que preparó un informe especial sobre la vulnerabilidad de las mujeres y niñas en materia sexual, exigió al gobierno de Nicaragua despenalizar el aborto terapéutico para evitar casos de muerte materna o que niñas embarazadas tras una violación sean obligadas a tener a sus hijos, informó una representante de la entidad. “Estamos exigiendo que se permita el aborto terapéutico cuando la vida de la mujer está en peligro y también cuando ha habido violación sexual”, afirmó la directora adjunta para América de AI, Guadalupe Marengo, jefa de la delegación del organismo.
Nicaragua penaliza con uno a seis años de prisión a las mujeres y médicos que realicen un aborto terapéutico, en virtud de una ley promulgada en 2007 por el presidente Daniel Ortega, a pesar de la resistencia de grupos médicos, de derechos humanos, feministas y la condena de varios países. Para satisfacer presiones de la Iglesia católica, el parlamento había aprobado en 2006 la derogación del aborto terapéutico, vigente desde 1874 en el Código Penal.
Se calcula que antes de que entrara en vigencia la ley de 2007, más de 7,000 mujeres y niñas embarazadas eran atendidas anualmente en los hospitales de Nicaragua por complicaciones de salud que terminaban en abortos espontáneos o inducidos.
Actualmente es “difícil hacerse una idea cabal de las tendencias de las tasas de mortalidad materna en Nicaragua” por falta de información oficial, lo que además “hace imposible determinar cuántas muertes son consecuencia de abortos inseguros”, señala una investigación realizada hace dos años por AI.
El organismo también denunció casos de mujeres con embarazos ectópicos (fuera del útero), con cáncer de cérvix u otras enfermedades que dejaron de ser tratadas a causa de esta ley.
“Los médicos están atados de pies y manos, pasan mucho susto cuando tienen que tratar un aborto en curso”, dijo una galena.
Fuente: AFP
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Al ver las pancartas y a las mujeres amontonadas en la entrada de las instalaciones de la Corte, el funcionario dio la vuelta en su lujoso vehículo.
Rosales declaró esta semana que la “supuesta víctima” fue “permisiva” y creó un entorno para su violación por andar en circunstancias de “parranda”. “Cobarde, cobarde”, le gritaban las mujeres, mientras el vehículo se escapaba ayudado por oficiales de la Policía Nacional.
A esa hora, las mujeres habían instalado pancartas, brasieres y calzones de distintos colores y tallas en el portón de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“La corte de la injusticia”, gritaba Azahálea Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), quien pidió la destitución de los magistrados del poder judicial tras la sentencia sobre el emblemático caso de violación que sacude a la opinión pública. Los magistrados de la sala penal de la CSJ dejaron en libertad a un violador y acusaron a la víctima de cooperadora.
Las mujeres instaladas desde las 7:30 a.m. en la entrada del poder judicial, aguantaron dos horas hasta que la adrenalina estimulada por pitos, tambores, matracas y danzas, estalló.
Rompiendo el cerco de seguridad, saltando el portón, con gritos y empujones, llegaron hasta el edificio principal, a pocos metros de los despachos de 11 magistrados orteguistas y arnoldistas, además de los usurpadores.
Tras largos forcejeos, estremecieron las puertas, defendidas por tres policías, cinco agentes de seguridad interna y un trabajador de la limpieza. Gritaban “magistrados violadores”, “cerdos”, “Rosales, mentiroso”, “Juana Méndez, especialista en violadores”.
Mientras jóvenes manchaban las limpias paredes con rótulos como “este sistema de justicia no me protege”, “no es no, violadores de mujeres”.
“AllÍ VIENE LA JUANA MÉNDEZ”
Antes, a las 8:25 a.m., una camionetona fue detenida por las mujeres. Entre los vidrios oscuros solo resaltaba un reloj brillante en la mano derecha de una mujer. Pese al repudio, el vehículo con sello de la Policía Nacional, placa FSLN, entró. Era la magistrada Juana Méndez.
Ana María Pizarro, directora de Sí Mujer, dijo que la contradicción entre la campaña a favor de las mujeres por parte de la Corte es evidente, pues ponen una trampa en beneficio de los agresores. Mientras en la propuesta mantienen la pena máxima, redujeron la mínima que oscila entre dos, tres y cuatro años, y en todos los casos recibirían el beneficio de la libertad. “Los jueces siempre podrán favorecer a los violadores (…) ¿Cómo puede la Corte defender con foros y simposios a las mujeres y emitir una sentencia vergonzosa? Eso es hipocresía en cualquier lado”, dijo Pizarro.
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