El concepto de laicidad es la cualidad de un Estado que no reconoce ninguna religión como oficial o protegida ni acepta su intervención en política. La laicidad estatal se fundamenta en el principio universal de separación de Estado e Iglesia, parte íntegra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tiene como objetivo garantizar la más absoluta libertad religiosa y la convivencia democrática. Dicho principio está contenido en nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 14 de nuestra Constitución Política.
El artículo 14 de nuestra Constitución demanda de las autoridades neutralidad en materia religiosa, lo que de ningún modo implica promoción del ateísmo o menoscabo al derecho de ejercer una religión en libertad, respaldado por los artículos 27 y 29 de nuestra Constitución. Laicidad estatal es trato igualitario del Estado a las diversas confesiones religiosas. En la realidad nacional, el presidente de la república, Daniel Ortega, viola de forma sistemática el principio de laicidad estatal, con el uso y abuso de símbolos e instituciones cristianas en actividades públicas.
Si bien es cierto, los cristianos somos mayoría en Nicaragua, también es cierto que existen quienes no profesan ninguna creencia religiosa u otros, que profesan religiones minoritarias en la vida nacional —como las comunidades judías y musulmanas— y por tanto, los derechos de las minorías deben de ser respetados; Ortega ha impuesto de facto la denominación cristiana del Estado nicaragüense. Un verdadero estado laico, es garantía de la democracia. Los Estados civilizados, modernos y más avanzados del planeta, como Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Canadá, entre otros, ejercen con fidelidad la neutralidad estatal en materia religiosa, indistintamente de la correlación de fuerzas existentes en sus países.
Provengo de una familia cristiana, protestante, mis bisabuelos —Terencio García y Dolores Macías— fueron pioneros de la obra bautista en nuestro país; en 1906 fueron miembros fundadores de la primera iglesia bautista de Masaya, por ello, he conocido de las luchas históricas de los líderes de la Iglesia bautista por exigir a los diferentes regímenes respeto al Estado laico. Ahora veo con tristeza como instituciones evangélicas que en tiempos atrás se mostraban como celosos garantes de la laicidad estatal, ahora guardan un cómplice silencio ante las arbitrariedades cometidas por Ortega.
El líder espiritual católico, monseñor Silvio Báez, ha realizado una preclara y valiente denuncia en contra de Ortega en ocasión del abuso cometido por él y Rosario Murillo al pretender efectuar una supuesta “misa revolucionaria” en el acto central del pasado 19 de julio. Monseñor Báez ha expresado que la violación al Estado laico es una nueva forma de persecución religiosa en Nicaragua.
En este sentido, el informe anual sobre libertad religiosa mundial del año 2010, emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en lo concerniente a Nicaragua, establece que nuestra libertad religiosa se ejerce sin restricciones. Sin embargo, el informe refleja los indicios de la intromisión del Estado en asuntos religiosos. Los roces entre el gobierno y la iglesia católica han sido generados por la compra de conciencias, el chantaje a sacerdotes y el abuso con fines políticos de símbolos, valores e instituciones católicas de parte del régimen de Ortega.
No podemos confiar en los extremos ideológicos de un presidente oportunista, que durante la tiranía castro-comunista de los años 80 promovió el ateísmo de Estado y la persecución religiosa; ahora, establece un régimen semiconfesional, calificándolo como cristiano, en detrimento de los mismos cristianos que vemos en este sistema a una naciente dictadura, corrupta y violadora de las leyes.
La violación a la laicidad estatal es la más delicada de las violaciones constitucionales cometidas por Ortega, ya que está ligada a la religiosidad y la fe del pueblo, que es lo más sagrado para el ciudadano, más allá de cualquier otro derecho individual.
El autor es abogado. Miembro de la iglesia Bautista.
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