Facilitan acceso a casas

Empresa privada y Gobierno quieren que se vendan más casas de interés social, pero saben que no es fácil porque el subsidio estatal no está beneficiando a quienes lo necesitan. También reconocen que es un problema para las familias poder obtener un crédito hipotecario, porque no tienen para cubrir el monto que les pide el banco como prima.

Ni al presidente de Asobanp, Juan Carlos Argüello (izq.) ni al presidente de Cadur, Alberto Atha, les agradó mucho que Bayardo Arce les dijera que deben dar más propuestas para el problema de la vivienda. LA PRENSA/BISMARCK PICADO

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Empresa privada y Gobierno quieren que se vendan más casas de interés social, pero saben que no es fácil porque el subsidio estatal no está beneficiando a quienes lo necesitan. También reconocen que es un problema para las familias poder obtener un crédito hipotecario, porque no tienen para cubrir el monto que les pide el banco como prima.

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“Yo soy crítico de esa barbaridad que hacen las universidades, de eliminar la monografía y haber convertido la educación superior en un ‘bisne’, porque cuando termina un muchacho su carrera, en vez de mandarlo a hacer una investigación de cómo hacemos una casa más barata o más vivible, le decimos: ‘pagame 2,000 dólares (por) un curso de graduación’”, dijo Bayardo Arce, asesor presidencial.

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Judith Silva, presidenta del Invur, confirmó que los fondos para crear el fideicomiso saldrán del INSS.

“Mirá, el Gobierno está en la disposición de dinamizar la economía del país para que se construyan viviendas. Eso significa que todos tenemos que aportar, tanto de la banca como del Gobierno”, refirió Silva.

Por su parte, Alberto Atha, presidente de Cadur, considera viable la propuesta de crear un fideicomiso y espera que se logre concretar.

Valora que la ventaja es que si “por algún motivo una familia ahorita no es considerada sujeta de crédito se le pueda dar en arriendo una vivienda por un período de tiempo, dos años digamos, en el tiempo que paga la prima, pero además él va ganándose la calificación de sujeto de crédito”.

Otro de los problemas que buscan solucionarse del Plan Nacional de Vivienda es que los beneficios que otorga a los trabajadores la Ley de Vivienda Social sean más aprovechados.

Uno de estos beneficios es la indemnización por adelantado que el empleador debe dar por año al 20 por ciento de sus empleados, si así se lo piden, para que sirva para cubrir por ejemplo el monto de la prima del crédito de vivienda.

El Gobierno dio hasta septiembre a la Cámara de Urbanizadores (Cadur) para que presente un estimado de cuántos trabajadores en las instituciones públicas hallan solicitado un préstamo para comprar una casa de interés social y que requerirán del adelanto de su indemnización.

Bayardo Arce, asesor presidencial para asuntos económicos, se comprometió a incluir ese monto en el Presupuesto General de la República del 2012.

“Si ustedes (Cadur) no nos cumplen, ya le dije a los compañeros de (Ministerio) Hacienda que hagamos una huaquita y pongamos un fondo que sirva por si acaso alguien nos pide (su indemnización) para la vivienda que pueda comprar un trabajador del Estado”, dijo Arce.

Arce criticó a los sindicatos por no promover la Ley. “Desgraciadamente —opinó— tenemos un sindicalismo que se desvía y cree que su trabajo es andar consiguiendo aumentos salariales nada más y tiene una canasta de beneficios sociales para sus agremiados que ni la vuelven a ver”.

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A estos dos aspectos parece habérsele encontrado respuesta y así evitar que se frene el Plan Nacional de Vivienda.

Bayardo Arce, asesor presidencial para asuntos económicos, anunció que el Gobierno aceptó elevar el techo del valor de la vivienda de interés social que gozará del subsidio público.

“Esto ya está aceptado. El comandante (Daniel) Ortega ya fue comunicado, ya se lo comunicamos al Cosep y a Cadur”, afirmó Arce.

RETA A BANCOS

Pero antes de hacer efectivo el aumento del valor de la vivienda con derecho al subsidio, Arce dice que deben resolver el problema de evitar que esto provoque que las familias tengan que pagar más en concepto de prima del crédito hipotecario.

Ejemplificó el funcionario que actualmente quien quiere comprar una casa de interés social debe desembolsarse 3,000 dólares en concepto de la prima del crédito.

“Pero resulta —dijo— que ahora la casa no vale 20,000 (dólares), vale 26,000 dólares. Entonces ya el 15 por ciento (de prima) se me volvió 3,900 dólares. Ajá, pero si no tenía los 3,000 ¿de dónde agarro los 3,900?”

Para responder a esto, Arce asegura que depende que los bancos acepten las propuestas del Gobierno de fijar en un cinco por ciento el porcentaje de la prima para el crédito de vivienda de interés social y se extiendan a más de 20 años plazos para pagar.

El BAC, Bancentro, Banpro y el BDF manejan 90 millones de dólares que financia el Plan Nacional de Vivienda, de los cuales 45 millones de dólares los aportan los bancos y el resto el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

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Los fondos INSS permiten dar tasas de interés del ocho por ciento anual, con la posibilidad de reducirlas hasta el 5.5 por ciento si se cumplen los requisitos establecidos en la Ley de Vivienda.

Juan Carlos Argüello, presidente de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), asegura que están analizando lo planteado, pero no garantiza que se acepte por cuanto “le toca a cada banco decidir” sobre la valoración de los riesgos que implica.

Mientras Alberto Atha, presidente de la Cámara de Urbanizadores (Cadur), opina que “no se trata de que ahora le tiro la pelota a la cancha del otro”, pues dice que lo conveniente es un entendimiento entre los sectores.

POR DECRETO SUBE TECHO

En cuanto a subir el valor de la casa subsidiada, no será a 30,000 dólares como lo pidió Cadur y la Cámara de la Construcción. Ambas argumentan que el valor de la edificación de las casas en general se ha incrementado por efecto del aumento en los precios de los materiales para construir.

La Ley considera una casa de interés social aquella que mide entre 36 y 70 metros cuadrados, con servicios básicos incluidos y cuyo costo máximo es de 20 mil dólares.

Aunque Arce dice que se “reconoce el impacto inflacionario en los materiales de la construcción”, no cree que sea del 50 por ciento, pues los cálculos del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) indican que es menor.

La medida será aplicada vía decreto de la presidenta del Invur y se descarta solicitar a la Asamblea Nacional reforme la Ley de Vivienda.

“Es una facultad del Invur, es un decreto de la compañera Judith (Silva) que ya lo tiene listo y está en el despacho del presidente, pero estamos ahora con el clavo de las primas”, dijo Arce.

La expectativa es lograr beneficiar a más familias, pues de los 5,000 subsidios que debería darse anual, apenas van 629.

Como opciones el Gobierno plantea el mecanismo de crear inmobiliarias mixtas donde el financiamiento lo pongan en partes iguales el Estado y la empresas privada.

Aunque lo que estaría ejecutándose más rápido es el modelo del fideicomiso. “Con fondos locales e internacionales —explicó— administrados por la banca que permitan que inmobiliarias compren las casas y darlas en alquiler con opción a compra para que la gente que bien puede pagar una mensualidad ahorita, en lugar de seguir pagando un alquiler, pague el alquiler de la casa que va a ser propia”.

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