La doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), señaló que el Consejo Supremo Electoral (CSE) cometió un delito al actuar contra ley expresa en el caso de la inhibición de la candidatura a diputado de Maximino Rodríguez.
Núñez explicó que el CSE está actuando contra ley expresa porque la Ley Electoral establece que después de publicadas las candidaturas y pasado el período de impugnación no puede eliminarse a nadie. “Los considero delincuentes al CSE y son violadores de derechos humanos. Le están violando el derecho a ser elegido que tiene como ciudadano”.
El CSE basó la inhibición de Rodríguez en el artículo 107 de la Constitución Política de Colombia, por lo que la experta en derechos humanos señala que están aplicando una figura jurídica que no existe en el ordenamiento jurídico de Nicaragua.
Núñez también calificó de una barbaridad el hecho de que estén diciendo que aplican figuras jurídicas de otros países y agregó que sospecha que esas barbaridades estén encaminadas a buscar la inhibición de Fabio Gadea Mantilla, candidato presidencial de la alianza PLI. “Estamos llegando a extremos”.
Con la resolución del CSE lo que queda claro a criterio de Núñez es que el pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán está funcionando.
“El empeño de Daniel Ortega es buscar cómo quede en segundo lugar Arnoldo Alemán, es porque así podría obtener diputados afines a los intereses del pacto”, sostuvo Núñez.
La experta en derechos humanos enfatizó que la actuación del CSE es una acción dirigida, que aparte de ser una violación de derechos humanos de Rodríguez, es una agresión política a la alianza PLI.
Hasta ayer no se conocía quién va a sustituir a Rodríguez, pero Núñez agregó incluso la misma alianza al sustituirlo como candidato al verse obligada para no perder espacios, contribuyen de alguna manera a la violación de derechos humanos de las personas que serán sustituidas, cuando su inhibición es ilegal.
El plazo que el CSE dio a la alianza para sustituir al candidato fueron tres días. La notificación fue enviada el viernes al final de la tarde.
“Como dijo Maximino, todos los espacios jurídicos se están cerrando y entonces aquí no queda más que lo que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es que cuando todos los espacios legales se cierran, el derecho a la rebelión es permitido”, señaló Núñez.
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