Si el presidente Daniel Ortega ratifica como directora de la Policía Nacional a la primera comisionada Aminta Granera, el próximo 5 de septiembre, “Nicaragua se puede caracterizar ya prácticamente como un Estado que está gobernado por funcionarios de facto”.
Esta es la apreciación de la presidente del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, quien consideró que “ya no quedaría nadie actuando casi dentro del marco de la ley”.
“Nos duele esta situación a la que Daniel Ortega llevó a la comisionada Granera, de meterla en el saco de la ilegalidad, en el cual tiene metido prácticamente a todos los poderes del Estado (…) a mí me parece que se le está causando un gran mal a la institucionalidad de la Policía”, sostuvo Núñez.
RIESGO
La defensora de derechos humanos estimó que se está arriesgando mucho más la seguridad ciudadana, porque “aquí lo que se va a desarrollar es una Policía con licencia para agredir a los opositores y una Policía proclive a cerrar los ojos frente a todos los atropellos que hay en este contexto electoral tan polarizado”.
Núñez lamentó que Granera no haya podido resistir a un posible ofrecimiento de Ortega, y continuaría en el cargo ya “como una Policía de nuevo cuño” con un lenguaje amenazante. En las invitaciones efectuadas para la actividad del 32 aniversario de la Policía no se habla del traspaso de mando.
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