La directora general de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera Sacasa, ha dicho que está dispuesta a respetar “la voluntad” del presidente Daniel Ortega, si este decide que ella continúe en el cargo más allá del 5 de septiembre entrante, cuando de acuerdo con la ley se debe nombrar un nuevo jefe de la institución policial . Como se recordará, durante la celebración del 19 de julio de este año, Ortega dio a conocer su disposición de mantener a Granera en el alto mando policial, después que se le venza el período de cinco años para el cual fue nombrada por el expresidente Enrique Bolaños.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) ha respaldado que el mandato de la señora Granera Sacasa en la cúpula policial sea prorrogado por Ortega. También el arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor Leopoldo Brenes, declaró el miércoles de la presente semana, después de visitar en su despacho a la jefa de la Policía, su complacencia con que Granera siga como jefa de esa institución, “si las normas propias lo permiten” y así lo decide el presidente Ortega.
Sin embargo, defensores de los derechos humanos y representantes de organizaciones cívicas del país, y destacados juristas independientes, sostienen que legal y legítimamente Granera solo podría seguir ejerciendo el cargo, si de previo se reformara la Ley de la Policía Nacional; posición que a todas luces es la que se ajusta a derecho.
Quienes respaldan el continuismo de la señora Granera en la jefatura policial, sostienen que como de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución el Presidente de la República ejerce la autoridad civil sobre la Policía Nacional, Daniel Ortega puede decidir mediante decreto que ella continúe en su cargo. Pero la verdad es que como lo manda la misma Constitución, el Presidente de la República no debe ejercer sus atribuciones a su arbitrio, sino de conformidad con lo que mandan las leyes.
Si no hubiera una ley que regule el nombramiento del jefe de la Policía y su período , sin duda que Ortega podría decidir por cuánto tiempo se debe ejercer ese cargo. Pero existe una legislación al respecto, es la Ley de la Policía Nacional, o Ley 228, promulgada el 23 de agosto de 1996, la cual dice de manera textual en su artículo 80: “El Director General de la Policía Nacional será nombrado por el Presidente de la República a propuesta del Ministro de Gobernación entre los miembros de la Jefatura Nacional, teniendo como requisito ostentar el grado de Comisionado General”. Y en su artículo 88, inciso 1), dicha Ley establece imperativamente: “El Director General tendrá una permanencia de cinco (5) años en el cargo y concluido este período pasará a retiro, el nuevo Director General recibirá el cargo en acto solemne”.
De manera que para mantener a Granera en el cargo de directora general de la Policía Nacional, se debe reformar la Ley 228, Ortega no lo puede disponer mediante una orden personal ni decreto administrativo. Como dice el artículo 183 de la Constitución, ningún funcionario, ni siquiera el presidente de Nicaragua, “tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República”.
Si Daniel Ortega se siente cómodo con Granera como jefa de la Policía, si considera que la primera comisionada ha desempeñado muy bien su labor y piensa que es útil para sus planes políticos, nada le impide proponer que ella siga ejerciendo el cargo. Pero tiene que hacerlo de manera legal y legítima, mediante una reforma de la Ley 228 que modifique su artículo 88 y disponga que el mandato del Director General de la Policía podrá ser prorrogado, o que será por tiempo indefinido.
Para Daniel Ortega es fácil lograr esa reforma de la Ley 228. Con los diputados del FSLN y los tránsfugas de otros partidos que tiene a su servicio en la Asamblea Nacional, e inclusive con el apoyo de los legisladores de las otras bancadas que son fans de la jefa de la Policía, Ortega podría enviar hoy el proyecto de reforma y tres días después estaría aprobado. Si Ortega no propone esa enmienda legal para prorrogar el mandato de Granera en la jefatura de la Policía, y se empecina en hacerlo mediante un decreto que sería flagrantemente inconstitucional e ilegítimo, es porque quiere seguir demostrando que su voluntad está por encima de la Constitución y de la ley. Y esto es simple y sencillamente dictadura.
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