Por: Hjalmar Ruiz Tückler
Se asume como principio que entre los objetivos del Estado se encuentra el mejoramiento del bienestar económico de los ciudadanos. Por otro lado, se observa que en general se producen ineficiencias en la economía cuando no existe la libre competencia.
En el caso de la legislación y política regulatoria en materia de telecomunicaciones, los principales objetivos de la intervención pública son solucionar las disfunciones del mercado, limitar y controlar los abusos de poder de mercado y mejorar la eficiencia económica.
Un concepto importante en el reconocimiento del mejoramiento del bienestar económico es el del óptimo o de eficiencia a lo Pareto (economista y sociólogo italiano de fines del Siglo XIX). Se dice que la economía es eficiente o está en el óptimo en el sentido de Pareto, cuando con la asignación de recursos existentes no es posible mejorar ningún individuo sin deteriorar la situación de al menos otro. O sea que se llega a esta situación óptima cuando no queda ninguna medida a tomar que permitan mejorar la situación de un individuo sin perjudicar a otro.
Si bien no es posible establecer con precisión una medida del bienestar, se entiende que el excedente es una medida suficientemente precisa a los efectos prácticos. El excedente del consumidor es el mejor indicador del bienestar del consumidor. De la misma manera puede decirse que el excedente del productor es una medida del bienestar del productor y en conjunto con el excedente de consumidor colaboran con el bienestar de la sociedad.
Por tanto una forma de calcular el precio que maximiza el bienestar de la sociedad es buscando el precio que maximiza el excedente total. Desde luego la condición es que el precio sea igual al costo marginal.
La industria de las telecomunicaciones está caracterizada por presentar importantes economías de escala por lo cual existe una tendencia hacia existencia de monopolios naturales y de condiciones de competencia restringida. Siendo uno de los objetivos del gobierno el mejoramiento y la optimización del bienestar, surge como necesaria la regulación de la industria de las telecomunicaciones de forma de asimilar su comportamiento lo más posible a los de una situación de competencia.
La regulación debe orientarse entonces en primer lugar al desarrollo de mecanismos que orienten o impongan, directa o indirectamente, los precios iguales a los costos marginales más una rentabilidad aceptable. Lo anterior da lugar a dos de los principales focos de la regulación que son: la regulación de los precios finales (control de precios) y la regulación de los precios de los servicios intermedios (interconexión).
Surge así otra de las importantes funciones a desarrollar por regulación que es el desarrollo y fortalecimiento de la competencia. Adicionalmente el mercado, más la autoridad regulatoria ejerciendo las funciones mencionadas, no son suficientes para asegurar objetivos sociales o económicos. Para ello la autoridad regulatoria debe desarrollar también el servicio universal.
Quedan así definidas áreas de responsabilidad de las autoridades: la interconexión, el control de precios, el desarrollo de la competencia y el acceso al servicio universal.