Por Hjalmar Ruiz Tückler
En los últimos dos decenios, la reforma reglamentaria ha estado dinamizada e influenciada por la creación de los organismos reguladores independientes y el papel creciente de la competencia en todas las economías.
Gracias a la adopción, la adaptación o reinvención de estos aspectos, la mayoría de los países emergentes han revitalizado sus mercados de las TIC.
Desde luego el desarrollo de ambos aspectos implica la creciente intervención del Estado y Gobierno en el funcionamiento de una economía de mercado. Lo anterior, desde luego, se debe a diversas razones.
Aún cuando los principales objetivos de esta intervención están relacionados a la eficiencia económica en los mercados, la intervención pública puede tener otros objetivos.
Por ejemplo, un gobierno puede adoptar normas y políticas que limitan la participación de capital o empresas extranjeras con miras a crear o mantener una industria nacional. Este tipo de intervención puede limitar deliberadamente la competencia y comprometer la eficiencia económica en favor de otros intereses públicos.
El Estado interviene desde hace mucho tiempo para preservar y fomentar el funcionamiento de los mercados abiertos a la competencia. Muchos precedentes útiles de políticas de competencia se han desarrollado en los Estados Unidos, donde el término “política antimonopolio” (antitrust policy) se utiliza para referirse a lo que suele denominarse en otros países “política en favor de la competencia”.
El término “antimonopolio” alude al combate contra un antiguo tipo de conducta contraria a la competencia de los propietarios de distintas empresas con poder para dominar conjuntamente un mercado (por ejemplo, el del acero o del transporte por ferrocarril).
Estos propietarios confiaron el grueso de sus acciones a un órgano central que las mantenía en su nombre “en fideicomiso”. Basándose en esta forma de control de sus acciones las diferentes empresas programaron ulteriormente sus actuaciones. Entre los objetivos de dicha asociación estaba aumentar los precios en el sector, restringir el suministro de los servicios y adoptar otras medidas que reducían la competencia.
La política de competencia se basa generalmente en dos formas distintas de intervención pública. El primer tipo tiene que ver con los comportamientos: el Estado intenta modificar la conducta de una empresa concreta o un grupo de empresas, reglamentando sus actividades. La regulación de precios es un ejemplo de esta intervención; otros, las prohibiciones de prácticas o acuerdos de colusión y las disposiciones que obligan a interconectar las redes de competidores.
La segunda forma de intervención es estructural y afecta, por tanto, a la estructura del mercado de telecomunicaciones. Un ejemplo emblemático fue en 1984, el caso de AT&T en los Estados Unidos, en donde la Autoridad Regulatoria le ordenó realizar un proceso de desinversión, con el fin de separar sus operaciones, creando empresas independientes e incluso que renunciara a ciertas actividades comerciales, a fin de dinamizar el mercado y posibilitar nuevos entrantes en el mercado de las telecomunicaciones.
(*) Consultor.
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