Por Noé Leiva
TEGUCIGALPA/AFP
Pese al despliegue de una fuerza militar-policial para imponer el orden, las autoridades hondureñas han fracasado en su propósito de poner fin a las muertes en la conflictiva zona del Bajo Aguán (noreste), escenario de enfrentamientos entre campesinos y terratenientes con el telón de fondo del narcotráfico.
Bajo Aguán, en la costa del Caribe, a 600 kms de Tegucigalpa, es escenario de disputas frecuentes entre terratenientes que cultivan palma africana para exportar aceite y campesinos sin tierra que invadieron sus fincas, con un saldo de más de 50 muertos en dos años, 11 de ellos en agosto pasado.
La región también es un santuario para narcotraficantes, ya que en ella aterrizan avionetas o atracan embarcaciones cargadas de cocaína proveniente de Sudamérica con destino a Estados Unidos.
El presidente Porfirio Lobo despachó un contingente de 1.000 policías y militares, 600 de ellos el 19 de agosto, que el viernes pasado fue víctima de una emboscada y perdió dos oficiales y tres resultaron heridos.
“Nuestros compañeros fueron vilmente emboscados por gente que tiene capacidad de planificar y ejecutar operaciones militares, porque es gente adiestrada, no son campesinos, porque el campesino nuestro no tiene ese tipo de alcances, no tiene ese tipo de actitudes belicosas”, afirmó este lunes a Radio Globo el jefe de la Policía de Investigación, comisionado Marco Tulio Rivera.
“Sabemos que en el área hay armas de alto poder destructivo y esto lo hemos venido diciendo, porque nuestras agencias de inteligencia han detectado. Sin embargo, no hemos podido dar con los buzones donde esta gente tiene estas armas”, lamentó el oficial.
Rivera denunció que “en la zona hay otras personas que tienen un interés muy marcado en mantener el caos (…). Sin embargo, el campesino está siendo utilizado por este tipo de personas y es allí hacia donde vamos a orientar nuestros esfuerzos”.
Por su parte, el jefe militar de Honduras, general René Osorio, denunció el fin de semana que el ataque contra la patrulla provino de “gente con armas de grueso calibre, gente que se dedica a la guerrilla”.
Autoridades hondureñas aseguran que ciudadanos nicaragüenses y venezolanos entrenan a campesinos para organizar movimientos guerrilleros, después del golpe de Estado del 28 de junio del 2009, que derrocó al entonces presidente hondureño Manuel Zelaya.
Los esfuerzos del gobierno para pacificar la zona resultaron hasta ahora infructuosos, pese a ser garante de acuerdos entre las partes en conflicto.
El 16 de junio pasado, Lobo fue testigo de un acuerdo entre terratenientes y campesinos para negociar la compra de 4.000 hectáreas por parte del gobierno, para venderla sin el pago de intereses y a largo plazo a los pequeños productores.
El 12 de abril de 2010, el gobierno había firmado con terratenientes otro acuerdo para comprarles 11.000 hectáreas, pero desacuerdos sobre el precio de los terrenos frenó la operación.
El pasado 7 de septiembre el gobierno lanzó otro intento, cuando aprobó una norma que lo faculta para avalar a los campesinos en la tramitación de créditos con la banca para comprar unas 4.700 hectáreas a los latifundistas.