Por Ramón H. Potosme
Tres bolsas con frijoles, arroz y azúcar flanqueaban una botella de gaseosa media llena de aceite que llegó a la mesa de María Elena Artola la tarde del viernes pasado.
Esa provisión es parte del apoyo de algunos familiares y amigos que le asisten cuando no tiene que comer.
La situación de Artola y su familia surgió luego que el destino le jugara una mala pasada a su marido, Jorge Silva Largaespada.
Las autoridades administrativas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) le atribuyen un robo millonario y, paralelo a ello, su vecina, la fiscal Leila Carolina Prado, por ahora le acusa de amenazar a un menor.
Artola ha introducido recursos de amparo con ayuda de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (Cenidh).
Aún no tiene abogado que le ayude a resolver su caso. Tampoco dinero para pagarlo.
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Según Artola, Prado inventa denuncias y le asedia de manera constante en complicidad con su esposo, el también fiscal Manuel Carrión Paiz. Ambos aprovechan sus influencias en los juzgados y la Policía Nacional, según Artola.
Esta situación agravó más las dificultades económicas que ya padecían tras la detención de Silva. Hay días en los que sus hijos han dejado de asistir a la escuela por falta de dinero.
No obstante, Prado rechaza todos los señalamientos y asegura que ella es la víctima. Aunque no brindó razón lógica que la expongan como víctima de Artola.
Prado ha interpuesto tres denuncias contra Artola. Una de ellas por la supuesta agresión a su hijo de 3 años. Por esta causa, hoy enfrentará juicio oral en el Juzgado Sexto Local del Crimen.
“Yo siento de que si no hay quién me ayude (hoy) me van a condenar. Voy a ir detenida y mis hijos van a quedar solos”, expresó Artola, quien tiene arresto domiciliar.
En la acusación que hace la fiscal contra Artola, dice que es “altamente peligrosa” para su sector. Asimismo, expresa que ella, sus hijos y su esposo están en riesgo de muerte.
“La juez, sin corroborar ninguno de los hechos, cambia las medidas cautelares y me pone arresto domiciliar”, denunció Artola.
Pero Prado asegura que no tiene posibilidades de inventar las pruebas y que por su cargo como fiscal no está inhibida de hacer denuncias cuando se sienta agraviada o ante situaciones que pongan en riesgo a su familia. A la vez pidió respeto para las autoridades policiales y judiciales.
“Creo que las autoridades policiales y judiciales merecen respeto de los análisis que hacen de los casos. Aquí yo siempre he salido como la agraviada y la afectada”, afirmó Prado.
En los últimos días la familia de Artola ha sufrido amenazas de muerte, ante lo cual ha puesto una segunda queja ante la inspectoría del Ministerio Público, institución que al igual que la Policía Nacional, según ella, ni siquiera recibió su escrito.
Ver en la versión impresa las páginas: 12 A
