México/EFE
El Gobierno mexicano rechazó “categóricamente” la pretensión de un grupo de unos 20.000 ciudadanos de solicitar a la Corte Penal Internacional (CPI) investigue al presidente Felipe Calderón por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad.
En un comunicado, la Cancillería mexicana “rechaza categóricamente que la política de seguridad pueda constituir un crimen internacional” y recuerda que “de no haber actuado con la contundencia mostrada” el Gobierno, “muchas familias en diversas comunidades del país estarían a merced de los criminales”.
“Las acciones de la estrategia nacional de seguridad son desplegadas con pleno apego al Estado de Derecho, con el fin de detener la actividad de las organizaciones criminales, llevar a sus miembros ante la Justicia y evitar la violencia e inseguridad que generan”, explica la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Horas después de que un grupo de activistas, académicos e intelectuales anunciaran que el 25 de noviembre interpondrán la demanda ante la CPI contra Calderón y varios ministros militares y civiles por daños a la sociedad mexicana por impulsar una estrategia que “ha dejado más de 50.000 muertes”, la Cancillería rebatió sus argumentos.
La SRE consideró que “hacer un llamado a que el fiscal de la CPI (Luis Moreno Ocampo) analice la situación de México es presentar de manera equivocada la realidad nacional”.”La jurisdicción de la Corte Penal Internacional es complementaria a las jurisdicciones penales nacionales”, recuerda el Gobierno.
La Cancillería señala que “exclusivamente” se justifican los casos interpuestos ante el alto tribunal “cuando un Estado no puede o no quiere ejercer acción penal para castigar ciertos crímenes detallados en el Estatuto de Roma”.
“Ninguno de estos dos supuestos aplica al caso”, afirma y destaca que en México la sociedad “no es víctima de un Gobierno autoritario o de abusos sistemáticos por parte de las Fuerzas Armadas”.
“El Estado mexicano actúa conforme a derecho en el combate a las todas las organizaciones criminales que, dada la diversificación de los delitos que cometen y el alto poder de fuego de sus integrantes, ponen en riesgo la seguridad y tranquilidad de las familias”, apunta la SRE.
En diciembre de 2006, poco después de acceder al poder, Calderón lanzó una estrategia de combate frontal al crimen organizado que hasta el momento ha dejado más de 40.000 muertos y una elevada cifra de desaparecidos.
En diversos encuentros con sus críticos, el mandatario se ha mostrado dispuesto a modificar su estrategia en aspectos donde sea susceptible de mejora, pero hasta el momento no ha introducido cambios sustanciales en ella, especialmente en el despliegue de militares para realizar labores de seguridad pública en algunas regiones del país.
La queja promovida desde la sociedad civil por el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros solicita también un juicio penal contra el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, así como contra otros dirigentes de las organizaciones criminales.
Para los promotores de la iniciativa legal, que aún está abierta a firmas de adhesión, “México vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria más dramática de su historia reciente que ha dejado ya más de 50.000 muertos, 230.000 desplazados, 10.000 desaparecidos y 1.300 jóvenes y niños asesinados”.