Por Ramón H. Potosme
Parecen muchos los pecados recientes de la Corte: la sentencia que pretendió avalar la ilegal candidatura del presidente Daniel Ortega, la que redujo la pena al violador de Fátima Hernández, los juicios polémicos en contra de los concejales Luciano García y Leonel Teller, sólo para nombrar algunos.
Durante más de un año, mientras Rodríguez no había sido reelecto, fue encargado de la ejecución del nuevo modelo de despacho judicial, cargo desde el cual tiene gran influencia.
Como vicepresidente fue seleccionado, también por unanimidad, el magistrado de tendencia liberal Denis Maltez.
En la conferencia uno de los magistrados liberales bromeaba sobre la elección. “Seguimos con la misma dictadura” y se rió junto a sus colegas refiriéndose los períodos consecutivos de Rodríguez.
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Situaciones viciadas como las anteriores podrían haber sido admitidas en un diagnóstico para elaborar el Código de Ética para funcionarios de ese poder del Estado, en el que se reconoció que hay influencias de sectores externos en los proyectos de sentencia, pero también amiguismo y favoritismo.
El diagnóstico también reveló que existe falta de motivación de sentencias, falta de profesionalismo, retardación de justicia, parcialidad por motivos personales y aceptación de regalías y prebendas.
Aunque también identificó funcionarios judiciales honestos, independientes, imparciales y profesionales, valores que están plasmados como parte esencial del Código. Uno de los ejemplos es la reciente nominación de la juez de Distrito Penal de Estelí, Elizabeth Corea Montes, como la mejor juez del país ante el concurso del mejor judicial iberoamericano.
La Corte presentó el Código de Ética en el que establece principios y valores éticos judiciales, valores éticos esenciales, deberes éticos de los servidores públicos del poder judicial en su relación con otros poderes del Estado y con la sociedad. También señala las sanciones que serán impuestas por una Comisión Nacional de Ética.
Este instrumento tuvo su antecedente en la decisión de la cuarta cumbre de presidentes realizada en Venezuela en el 2001, según indicó la magistrada Ligia Molina. Para su elaboración realizaron una consulta con 1,500 profesionales entre funcionarios judiciales y catedráticos.
El presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Gerardo Rodríguez, asegura que para curar esas debilidades se presenta el código que regularía el comportamiento moral de los funcionarios. “Si tenés esa enfermedad ¿como vas a curarlo? Tampoco es cerrar los ojos y decir no pasa nada. El Código viene a regular desde el punto de vista moral, el comportamiento de los funcionarios”, dijo.
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