Por Elízabeth Romero
Con dos casos considerados emblemáticos organizaciones que defienden el derecho de las mujeres en el país, expusieron en una audiencia especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, que “es alarmante” la situacion provocada por la violencia sexual contra las mujeres en Nicaragua.
Entre los organismos que asistieron están el Movimiento Autónomo de Mujeres, Ipas, Coordinadora de la Niñez y Cejil, entre otras, que refirieron la falta de acceso a las estadísticas oficiales actualizadas sobre el tema.
Entre las peticiones que hicieron a la CIDH están “que exhorte al Estado de Nicaragua para que la Asamblea Nacional de Nicaragua apruebe lo antes posible la Ley Integral contra la Violencia Hacia la Mujer y se generen mecanismos efectivos para su implementación.”.
Así como que reitere al Estado de Nicaragua su pedido de realizar una visita al país y en caso de que el el país no fije una fecha pronta para permitir una visita de observación, estas organizaciones le solicitan a la Comisión que elabore y analice la situación específica de los derechos de las mujeres para que pueda dar recomendaciones concretas al Estado relativas a la prevención, manejo, atención y garantía de los derechos de la población femenina.
Mayté Ochoa, por el Ipas, expresó que “las niñas y las mujeres en Nicaragua se encuentran en indefensión ante un sistema que no garantiza sus derechos”.
Los casos concretos que fueron expuestos fueron el de 13 niños de entre 9 y 16 años, sobrevivientes de abuso sexual, que como autores señalan a militares destacados en el Puesto militar de la comunidad de Monkey Point, Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).
Las peticionarias señalan que las violaciones contra los menores del lugar iniciaron desde que se instaló un puesto militar en la zona en el año 2003, sin embargo, los hechos se conocieron públicamente a inicios del presente año, sin que las autoridades estatales investiguen realmente lo sucedido.
“ACTUACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL SUMAMENTE PELIGROSA”
El otro caso fue el Fátima Hernández cuya sentencia fue firmada por el magistrado Francisco Rosales, quien compareció en marzo ante esa Comisión.
“La sociedad nicaragüense fue sacudida por la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia en el caso denunciado por la joven Fátima Hernández, quien ha sido acompañada por la Comisión Permanente de Derechos Humanos. La actuación del sistema judicial en este caso resulta sumamente peligrosa”, señaló la representante de las organizaciones asistentes a la audiencia, quienes señalaron que la acusación fue presentada en los gtribunales hasta que la víctima lo hizo público y para que resolviera el Podr Judicial debió recurrir a cuatro huelgas de hambre.
El representante del Estado, Iván Lara, alegó que no se puede hablar de que las mujeres estén en completa indefensión, porque en Nicaragua no se favorece la violencia contra las mujeres e intentó aparecer como que fue el Estado a través de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el que promovió el proyecto de ley contra la violencia contra las mujeres cuando la iniciativa fue del Movimiento María Elena Cuadra quien presentó ante la primera Secretaría de la Asamblea su proyecto de ley.
Y en cuanto a los casos concretos expuestos dijo que el caso de Monkey Point no existe ninguna acusación al respecto y sobre la resolución sobre el caso de Hernández, prefirió remitir la sentencia para un mejor análisis.
