Con suficientes elementos de juicio sin inclinarme más que al derecho de los nicaragüenses, sin excepción, afirmo que la gestión del gobierno que dice ser cristiano, solidario y socialista ha fracasado en materia de respeto a los derechos constitucionales, laborales, humanos y sindicales de la clase trabajadora nicaragüense en especial de los trabajadores públicos del Estado.
En un informe laboral que recién fue enviado a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEAR) de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) situada en Ginebra, Suiza, con suficientes argumentos a derecho se pretende que al Estado de Nicaragua pueda ser incluido en la próxima conferencia internacional por la Comisión de la Aplicación de Normas (CAN); órgano esencial del sistema de control de la (OIT) en la lista negra de los 25 países violadores a los derechos laborales, humanos y sindicales.
Considero que esto se logrará ya que hasta la presente fecha no existe una verdadera voluntad política del gobierno en mejorar su imagen en el respeto a los derechos de la clase trabajadora nicaragüense de mayor incidencia en los flagelados trabajadores del sector público. En dicho informe se refleja que el Estado de Nicaragua de los 55 Convenios Internacionales ratificados ante OIT ha violado no menos de 15 Convenios Internacionales y que hasta la presente fecha se hace necesario ratificar por el Estado de Nicaragua el Convenio 102 relativo a la “Seguridad Social” y el Convenio 81 relativo a la “Inspección del Trabajo”, convenios vitales en la tutela laboral de la clase trabajadora nicaragüense.
En la lectura de este informe se toma como antecedente el “Informe internacional sobre las Violaciones de los Derechos Sindicales del 2011” de la Confederación Sindical Internacional (CSI) en donde refleja que en Nicaragua, como país, se está dando la represalia, discriminación, despidos y suspensiones ilegales de trabajadores y la eliminación de organizaciones sindicales en los diferentes ministerios del Estado de Nicaragua por parte del actual gobierno del presidente Daniel Ortega. Y esto es un verdadero triunfo en el campo internacional que han tenido los trabajadores sindicalizados del sector público de Nicaragua, ya que han logrado que el movimiento sindical y la comunidad internacional enfoquen su atención a lo que verdaderamente está ocurriendo en nuestro país con los trabajadores públicos del Estado, que ha cobrado hasta la presente fecha más de 21,000 trabajadores públicos despedidos y el descabezamiento de más de 128 organizaciones sindicales en las más de 52 instituciones públicas del Estado por parte del actual gobierno.
El gobierno actual tiene que tomar muy en serio estos informes ya que le restan credibilidad en cuanto al cumplimiento de sus compromisos de país que ha adquirido con la comunidad internacional en materia de derechos laborales y humanos, sobre todo tiene que adquirir plena conciencia legal de que los trabajadores nicaragüenses de mayor incidencia, los trabajadores públicos, no son propiedad de su partido si no son parte de los Recursos Humanos del Estado de Nicaragua y por ello se le deben de respetar sus derechos constitucionales, laborales, humanos y sindicales para que exista verdaderamente prosperidad como nación, justicia laboral que es parte de la justicia social y sobre todo pleno respeto al Estado de derecho que han sido ignorado por parte del actual gobierno de Unidad, Paz y Reconciliación. El autor es abogado
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