Doña Irinea Mejía es velada en su casa frente a la parroquia de la comunidad de El Carrizo. LA PRENSA/O. Navarrete

El día que la desgracia llegó a El Carrizo

Una familia liberal fue masacrada por turbas sandinistas el día de las elecciones en El Carrizo, una humilde comunidad de San José de Cusmapa, al norte de Nicaragua. Su delito: pensar diferente.

La desgracia se le vino encima de un solo a doña Irinea Mejía Cruz. Entró en tromba a la comunidad, a eso de las ocho y media de la noche del 8 de noviembre pasado. Medianoche para una comunidad como El Carrizo que no tiene luz eléctrica, mucho menos televisores. Doña Irinea (65 años) todavía no se dormía. Tenía un mal presentimiento, una angustia, dice.

—¡Hijos de la gran puta, aquí van los sandinistas por tu cabeza! —dice que oyó antes de que se le fueran los sentidos.

“Oí que venía una gran bulla. Yo estaba con unos nervios bárbaros. No podía ni pararme y oré al señor para que me diera fuerza. ¡Y aquella balacera!” Poco después, tal vez una hora más tarde, tenía tendido en el piso de tierra de su casa los cadáveres de su marido, don José Mercedes Pérez Torrez (67 años) y dos de sus hijos Elmer (52) y Josué Zael (22). Otros dos hijos, José Francisco (18) y Moisés (31), estaban gravemente heridos de bala. Era la desgracia que presentía, desde días antes.

Vela de los campesinos asesinados en El Carrizo, en Cusmapa. ARCHIVO/W. ARAGON/LA PRENSA.

Tierra indígena

El Carrizo es un caserío perdido en la frontera norte de Nicaragua. Un centenar de casas de adobe y taquezal que se levanta a la orilla de una trocha, a diez kilómetros de Cusmapa, cabecera del municipio al que pertenece. El 90 por ciento de sus habitantes son indígenas, y casi todos ellos siembran maíz, frijoles y millón en esas tierras infértiles. Es una agricultura de mera subsistencia, y llevan una vida tal como lo hacían sus antepasados hace 500 años.

En el Carrizo no hay luz eléctrica. Poco antes de las elecciones presidenciales se colocaron postes y tendieron cables, pero la luz no llegó. Darelia Méndez González, una vecina de 30 años, no cree que llegue pronto. “Es que aquí la mayoría votó por don Fabio (Gadea)”, dice como explicación. “Peor después de lo que pasó esa noche”.

La política ha terminado configurando la comunidad. Si se fija bien, el visitante notará que hay algunas casas, humildes como todas, que se diferencian de las otras porque parte de su techo es de zinc y no de tejas de barro como la mayoría. Zinc nuevo. Esas casas son de “los sandinistas”, explican, que se han beneficiado del gubernamental programa “Plan techo” que entrega diez láminas de zinc y dos libras de clavos a cada familia pobre para que repare su casa.

La casa donde vive Darelia Méndez con su esposo Benigno Torrez y sus cuatro hijos tiene unas ruinosas paredes de taquezal y plástico negro, bajo un techo de tejas que parece a punto de caer. A la pregunta de por qué no se ha beneficiado del “Plan techo”, su respuesta es sencilla: “Somos liberales, y ellos solo ven por su gente”.

Igual dice doña Irinea. “Aquí no tenemos ayuda del gobierno, solo la ayuda de Dios. A ellos (los sandinistas) les han repartido zinc, vacas, gallinas, cerdos, peroles, cucharas, vasos, molinos… A nosotros nada. Nosotros no somos cristianos, no somos humanos para ellos”. ¿Y no ha pensado hacerse sandinista para tener esos beneficios? “No, porque usted sabe que uno tiene que ser legal y no debe andar tambaleando de un lado a otro”.

Las elecciones del pasado 6 de noviembre confirmaron la división que vive esta comunidad, donde casi todos sus miembros son familia. La Junta Receptora de Votos 8020 de la localidad registró oficialmente 190 votos para el gobernante Frente Sandinista, 190 para el opositor PLI, uno para el PLC y cinco votos nulos.

Hay otro detalle del que se podrá percatar el visitante que llegue a El Carrizo: las casas de zinc están vacías. Sus moradores huyeron después de la noche del 8 de noviembre, por temor a las represalias de la familia de los muertos. Al día siguiente de la masacre, dice Darelia: “Se fue Polo, la Noemí, Santos Hernández, Tuno, Ana María, las Alvarado, Cristina, Elías…” En total 25 casas abandonadas precipitadamente después de aquella noche que la desgracia entró en tromba a El Carrizo.

Esa noche llegaron a El Carrizo dos camionetas de la Alcaldía de Cusmapa, cargadas de partidarios sandinistas y cuatro policías, según el informe policial del juicio que se sigue Somoto por la masacre de El Carrizo. Los policías, se supone, respondían al llamado que le hicieron algunos vecinos sandinistas que dijeron sentirse amenazados por los liberales. Los militantes sandinistas llegaron a darle un escarmiento a liberales.

Don José Mercedes Pérez Torrez, días ante de su muerte, mientras reclamaba por las cédulas de sus familiares en Cusmapa.

Ánimos caldeados

La tensión que se vivía ese día, y que traía malos presagios a doña Irinea tenía sus antecedentes. Según doña Irinea, durante un reclamo de cédulas en Cusmapa, un par de días antes de las elecciones, un jefe policial de ese municipio golpeó a su esposo, don José Mercedes. Sus hijos se metieron a defenderlo y aunque el caso no pasó a más, quedó el “traido”.

Antonio, un sandinista que huyó de la comunidad y que pidió no reveláramos su nombre por miedo a represalias, dice que el ambiente se fue caldeando con anterioridad. Abundaban los insultos y amenazas, y en un par de ocasiones, relata, se produjeron peleas a golpes. En una, según él, fue golpeado por un grupo de liberales el sandinista Santos Hernández Carazo, cuando venía ebrio, y al día siguiente otra señora liberal llamada Esperanza Díaz se trenzó a golpes con Dominga Cruz Gómez cuando discutían sobre el resultado electoral en un pozo comarcal del que se abastece de agua la comunidad.

Esa noche, el propósito explícito de la turba que llegó a El Carrizo era encontrar a Reynaldo Boquín, a quien atribuían la golpiza que sufrió el señor Hernández, según Antonio.

—¡Salgan liberales hijueputas! —recuerda también Antonio que escuchó de la turba desaforada, liderada por el secretario político del Frente Sandinista en Cusmapa, Jesús Herrera Zepeda.

—Hoy los venimos a matar a todos. ¡Salí Reynaldo Boquín que hoy te morís!

Fueron a la casa de Reynaldo Boquín y como no lo encontraron se dirigieron al centro de la comunidad donde encontraron al grupo de liberales frente a la iglesia.

—¡Aquí están estos hijueputas! —dice Antonio que escuchó gritar antes que comenzara la matanza.

“Comenzó la tiradera de piedras de ambos lados. Ellos salieron con machetes y palos. El secretario político (Jesús Herrera Zepeda) aparentemente andaba borracho con todos los del grupo y se metió al centro del grupo y es ahí donde recibe los primeros golpes con palos, y el machetazo en la pierna. Entonces, como él anda pistola comienza a disparar, y ordena a la Policía que le defienda y dispare en contra de quienes le hieren”, relata Antonio, quien reconoce que “lo que hubo fue un descontrol total”, y dice que él no participó en los hechos, a pesar que la familia de los muertos aseguran que los sandinistas de la comunidad apoyaron a los que llegaron en la orgía de sangre que se desencadenó.

Para doña Irinea y su familia, sin embargo, lo que sucedió fue una cacería. “Esa gente venía como ‘endrogada’. ‘Cierren las puertas bien’, nos dijeron los hombres y ellos se fueron a huir detrás de la ermita. Sin armas ni nada. Al rato, todo quedó calmo. Ellos (los hombres) se vinieron para la casa cuando oigo que dice uno de ellos: ‘Ay mamita, me mataron’. Es cuando vieron caer a Zaelito, y se le montaron encima, le cayeron a golpes con palos y piedras. Le sacaron las tripas por la barriga”.

¿Por qué cree que pasó esto? ¿Cuál es la explicación? “Puro odio”, dice doña Irinea, una mujer menuda y ágil, que dirige la comunidad como la matrona que es.

Los resultados de esa noche, más que de un enfrentamiento como dice Antonio, hablan de una masacre. A las diez de la noche aproximadamente, una ambulancia llegada desde Cusmapa salió con dos hijos de doña Irinea heridos gravemente, mientras su esposo y otros dos de sus hijos estaban muertos en el piso de su casa. Muertos por golpes y balazos. Del otro lado no hubo armas de fuego, porque hasta dos rifles de cacería calibre 22 que pertenecían a los Torrez Cruz fueron decomisados por la Policía poco antes de las elecciones.

Gonzalo Carrión, director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), considera “gravísimo” que la Policía acompañe a una turba que llega buscando adversarios políticos con intención de matarlos, y califica los hechos como “ejecución” y “masacre”. “Según el expediente policial, el secretario político, borracho y armado con una pistola calibre 38, sin portación legal, busca en las casas a algunas personas específicas. ¿Qué es eso si no una cacería? Y a la gente que matan, la matan por pensar distinto”.

María Jacinta Méndez González (36 años), viuda de Elmer Cruz, uno de los asesinados. A ella le quedan ocho hijos menores de 17 años. Oscar Navarrete/LA PRENSA.

Viudas y huérfanos

Doña Irinea conoció a don José Mercedes Torres 45 años atrás. Ella era ayudante en una venta de Las Sabanas, poblado vecino de Cusmapa, y él llegaba como cliente. “Ahí nos hallamos”, dice. De su marido muerto agrega, era un hombre “buena persona, porque era humilde”. Se mantenía trabajando en sus cultivos o bien en la iglesia o como brigadista de salud de la comunidad. Apenas sabía leer y escribir. Aprobó el tercer grado. Con doña Irinea procrearon diez hijos, ocho varones y dos mujeres. Los nietos “no se pueden contar”, dice la viuda.

Don José Mercedes dejó la milpa de maíz a medio tapiscar y la de millón, en flor. “Tengo que buscar quien las recoja, porque yo quedé solita”, dice doña Irinea.

La situación es peor para María Jacinta Méndez González (36 años), viuda de Elmer Cruz, otro de los asesinados la noche del 8 de noviembre. A ella le quedan ocho hijos menores de 17 años. El último, Dilan Josuá, de solo un año, lucha por sacar leche de uno de los pechos desnudo de su madre, que tiene la mirada perdida. “Yo lo que pido es que los castiguen y si puede alguien ayudarme, que me ayude”, dice.

Por ahora sobrevive con el poco grano que le dejó su marido: ocho quintales de maíz. Todavía queda algo por recoger en la milpa y ella cree que se va a perder porque no tiene cómo cosecharlo.

Pero no son los apuros materiales los que más preocupan a los vecinos de El Carrizo. Es que ya se perdió la paz. El miedo y el resentimiento se han apoderado de la comunidad. Los sandinistas huyeron y dejaron sus casas vacías, y los liberales por las noches abandonan el caserío para irse a dormir al monte por temor a que regresen los asesinos. Y no confían ni en los policías que llegan regularmente a patrullar el poblado, porque fueron policías quienes esa noche dispararon contra los suyos.

“Toda la comunidad vive con miedo. Ya no se descansa tranquilo, el personal está saliendo a dormir a fuera. Es lamentable ver como los niños sufren comidos de zancudos, arriesgando que lo pique un cascabel”, dice José Mercedes Torrez, 26 años, hijo y hermano de las víctimas, que recibió la fatal noticia en Managua, donde sirve como Sargento Tercero del Comando de Operaciones Especiales del Ejército de Nicaragua.

Doña Irinea está pensando en irse a vivir a otro lado. “Yo siento que en esta comunidad ya no puedo vivir. Ya no puedo vivir aquí con esta familia porque ya no es la misma confianza de antes. No puedo relacionarme con ellos porque al verlo me va a dar ese dolor en mi corazón al recordar a mis hijos y a mi marido”.

Antonio, el sandinista, también se siente mal. Lamenta que las cosas hayan llegado hasta ese punto “por no controlar nuestros instintos políticos”. Recuerda que hasta hace poco “prevalecía el hermanamiento, la paz y la confianza” en El Carrizo.

Es “la desgracia de esta comunidad”, dice doña Irinea. Ella lo presintió.

Doña Irinea con sus nietos,  la mayoría de ellos huérfanos de padre por los hechos del 8 de noviembre. Al fondo, de blusa roja, María Jacinta Méndez González, quien a la muerte de su esposo quedó con ocho hijos menores y 30 arrobas de maíz paramantenerse. Oscar Navarrete/LA PRENSA.

 

Fiscal: “Son homicidios y no asesinatos”

La juez de Distrito Penal de Audiencia de Madriz, Rosa Edelmira Ruiz, juzgará mañana por los delitos de homicidio, lesiones y tenencia ilegal de armas al subcomisionado Elvin de Jesús López Aguilera, y tres policías de línea, así como al secretario político Jesús Herrera Zepeda por los hechos ocurridos la noche del 8 de noviembre en El Carrizo. La familia de las víctimas pide que se acuse también a Eusebio Cruz y Domingo Rayo.

El fiscal departamental de Madriz, Juan Carlos Silva Pozo, dice que pidió se ampliara la investigación para valorar la inclusión de estas personas.

¿Por qué acusar por homicidio y no por asesinato?

Porque esos son los elementos de prueba que se nos presentaron a nosotros a través de la investigación de la Policía Nacional. Se demuestra que son homicidios y no asesinatos porque no hay alevosía, no hay ningún pago… que son los elementos fundamentales del asesinato.

¿Aunque hayan llegado a buscarlos a sus casas?

Las investigaciones no nos arrojan nada de eso. Dentro de la relación de hechos queda claro cuál es la situación. Esa fue la investigación que realizó la Policía y lo que nosotros hemos planteado.

¿Y según esa investigación cómo se realizaron los hechos?

Esta en la acusación. Nosotros ahí planteamos claramente que la Policía Nacional recibe una información por parte de personas de El Carrizo y se orienta a tres policías que vayan hacia el lugar. Ahí mismo dos vehículos de simpatizantes del Frente (Sandinista) se van para allá y es cuando sucede el problema y están simpatizantes del PLI haciendo una protesta, una manifestación, y ahí sucede todo, tal como planteamos en la acusación.

Este señor Eusebio Cruz, ¿por qué no aparece en la acusación?

El expediente policial nosotros lo recibimos el viernes (11 de noviembre) a las cinco de la tarde. Nosotros hacemos un análisis de eso y presentamos inmediatamente la acusación el domingo a las nueve de la mañana. Una vez que concluimos la acusación orientamos a la Policía Nacional realizar la investigación con respecto a la ampliación de la acusación por los mismos testigos que nos hablan del señor Eusebio Cruz y de otra persona más ahí. Una vez que venga la información, dependiendo de la información que nos brinden, ampliamos la acusación o dictamos una resolución; porque sí se señala dentro de la investigación a estos señores, pero queremos ver la responsabilidad que tuvieron en los hechos.

¿Podría cambiar al tipificación del delito en el proceso?

Si existen elementos dentro del proceso del tipo penal de asesinato, eso lo puede hacer el judicial. Eso es competencia del judicial.

¿La familia podría llevar la acusación particular?

Sí. Puede hacerlo. Sin problema alguno. Desde el momento en que se presente a la audiencia lo puede llevar.

La familia de las víctimas se queja de que no han sido llamada. No ha participado en este proceso.

El problema es que la Fiscalía recibió el expediente con detenidos. Si nosotros no actuamos dentro del término de ley de las 24 horas a nosotros se nos crea un problema. El domingo nosotros nos presentamos a la acusación inmediatamente que la juez nos cita  a la audiencia. Tengo entendido que ya la juez mandó a citar a la familia para la audiencia inicial que ya es con mayor tiempo y mayor precisión.

¿El ingrediente político que hay en este caso enrarece el proceso?

Nosotros nos vamos por la comisión del delito. Hay homicidio. Hay lesiones graves, hay lesiones, portación ilegal de armas. Mas allá no me voy. Yo planteo lo que he recogido y lo que ha recogido la Policía Nacional. Ya en lo otro no nos metemos.

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