Wilder Pérez R.
Los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) viven un proceso de evolución que podría catapultarlos como organizaciones claves en el proceso de desarrollo local, cuando se legalicen.
Así lo creen los miembros de 5,200 CAPS en todo el país. “Somos la máxima expresión organizada de nuestras comunidades… antes no teníamos derecho a elevar nuestra voz, pero ahora tenemos voz y voto, nos sentamos con las instituciones del Gobierno para tomar decisiones”, dijo Juan Benavides Paz, presidente de la Red CAPS.
A pesar de las ventajas legales que ahora tienen, solamente el 15 por ciento de los CAPS se han legalizado desde el año pasado, cuando entró en vigencia su ley creadora, según Santos Rivera, técnico de la Unidad Ambiental de Agua y Saneamiento de Muelle de los Bueyes, Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS).
Sin una personería jurídica que los avale, los CAPS no tienen acceso a préstamos, financiamiento, recepción de donaciones, beneficios fiscales, entre otros. “Llevamos diez años y hasta ahora lo único que hemos logrado es comprar un ojo de agua, con nuestro propio dinero, dijo al respecto Albina García, líder del CAPS de San Agustín, El Rama.
Aún así, para este año se propusieron legalizarse, pero también reforestar todas las cuencas de donde sacan agua.
“Imagínese, va a ser bastante”, puntualizó Rivera, a sabiendas de que podrían lograr un impacto mayor que el que logró hasta ahora el Gobierno, con 800 mil estudiantes, pues hay 1.2 millones de personas afiliadas a los CAPS.
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