Humberto Belli Pereira
A pesar de los conflictos políticos que han marcado la historia de Nicaragua, y de recientes retrocesos institucionales, el país ha logrado avanzar en la senda de consensos muy importantes. Las barreras ideológicas, que antes separaban a izquierda y derecha en temas económicos, han quedado superadas por el común convencimiento de que un factor clave en el desarrollo es la libre empresa.
Aún más promisorio es el fortalecimiento de la idea que la pobreza solo la superaremos con tasas de crecimiento superiores al 6 por ciento. Tradicionalmente la izquierda había enfatizado más la distribución de la riqueza mientras la derecha insistía en su creación. Hoy, sin embargo, las posiciones se han acercado; cada vez son más los líderes de la izquierda que reconocen que para distribuir hay que crecer y los de la derecha que reconocen que el crecimiento debe ir acompañado de medidas que apuntalen la equidad.
También está ganado terreno la idea de que un factor fundamental para el desarrollo y la superación de la pobreza es mejorar la educación. Cada vez son más quienes lo dicen y quienes refrendan sus palabras con acciones, como empresas que apadrinan escuelas y fundaciones privadas, como Zamora-Terán, que distribuyen masivamente computadores portátiles (las XO) a niños pobres de primaria. Pero aquí el consenso es incompleto.
En Nicaragua aún no existe una estrategia educativa equivalente a un plan nacional a largo plazo. Lo que existen son políticas de gobierno y, a veces, de ministro. El ejemplo más reciente ha sido la sustitución del plan educativo, gestado por el exministro Miguel de Castilla en el 2007, por otro muy diferente, tres años después. La ausencia de políticas de nación que perduren a través de diferentes administraciones expone a la educación a faltas de continuidad muy dañinas. La educación es una siembra a largo plazo, cuyos frutos exigen esfuerzos sostenidos por muchos años
Desarrollar un consenso sobre políticas educativas es, pues, una de las tareas pendientes más importantes. A pesar de que existen ciertos prejuicios ideológicos menores, y hay intereses económicos que pueden resentir algunas reformas, en la educación no pesa el profundo conflicto de intereses y visiones que sufre el área político-institucional y que hace tan difícil fraguar un consenso. Por el contrario, existe una gran comunidad de intereses donde todos ganan y nadie pierde si se mejora la educación: los estudiantes porque aumentan sus oportunidades, los empresarios porque obtienen recursos humanos más productivos, el gobierno porque aumenta sus posibilidades de disminuir la pobreza y desactivar la bomba de tiempo que representan los más de ciento sesenta mil estudiantes en las universidades.
Existen precedentes en la búsqueda de consenso, como el Foro Educativo del 2000. Pero aún no se ha llegado a uno que desemboque en compromisos concretos y medibles. Hay que intentarlo ahora. El próximo esfuerzo deberá plantearse cuáles deben ser las metas educativas del país y consensuar la forma de financiarlas. La reciente propuesta de Agenda Nacional Educativa de Funides, concebida como un plan a diez años, tiene un costo de US$$110 millones, lo que implicaría subir la proporción del PIB que se gasta en educación de 5.50 a casi el 7 por ciento anual. Seguramente las propuestas que surjan de un diálogo entre el gobierno y demás fuerzas vivas producirán montos diferentes. Pero todos requerirán de bastantes más recursos de los que se invierten hoy. Gobierno, sector privado, gremios y sociedad civil, deberán juntar manos y voluntades —dejando al lado simpatías y antipatías— y concertar, por primera vez, el plan de nación educativo que Nicaragua y sus más pobres requieren. Hacerlo sería una hazaña de todos.
El autor es sociólogo y fue ministro de Educación 1990-1998.
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