Por Anne Pérez Rivera
Varios proyectos de ayuda social destinados a la población de las zonas más vulnerables en el país están suspendidos desde hace varios meses, luego que a la Fundación Alistar Nicaragua la desalojaran de sus instalaciones.
“Somos unos treinta trabajadores que nos dedicamos a ejecutar recursos de la cooperación externa, pero no nos dejan trabajar desde el 22 de julio cuando nos sacaron completamente de nuestras oficinas para favorecer a una organización que jurídicamente no existe”, denunció Francisca Zamora, presidente de la Fundación Alistar Nicaragua.
La junta directiva de esa organización acusa de manera directa a Santiago Díaz, funcionario del área de tesorería de la Corte Suprema de Justicia y depositario oficial de las instalaciones en litigio que es de dos pisos y mide 721 metros cuadrados.
Sin embargo, “legalmente la propiedad le pertenece a Alistar Internacional, que es una organización distinta a Alistar Nicaragua… yo simplemente soy el depositario oficial del embargo de las instalaciones, pero es mentira que Alistar Internacional y mucho menos yo nos estemos apropiando de un bien”, justificó Díaz.
“Ese inmueble lo pagó Alistar Nicaragua”, defiende Mariana Gómez, representante legal de la Fundación Alistar Nicaragua.
Actualmente, la querella entre los representantes de Alistar Nicaragua y Alistar Internacional, que no tiene personalidad vigente en el país, continúa en la Corte Suprema de Justicia.
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