Por Tania Sirias
Uno a uno los fiscales de la Alianza PLI fueron pasando al estrado a relatar los hechos que vivieron el pasado 6 de noviembre cuando, la mayoría, fueron expulsados de los Centros de Votación, donde no los dejaron conformar las mesas electorales y hasta hubo quienes estuvieron dispuestos a defender con su propia vida los resultados que aparecían en la boleta electoral.
Todos decían los mismo: “Hubo un fraude electoral”, su demanda también era repetitiva: “cambiar a los magistrados de facto del Consejo Supremos Electoral”.
Los testimonios fueron escuchados por el excandidato presidencial Fabio Gadea, quien fue testigo “de las pruebas del fraude que recopilaron los miembros de la sociedad civil”.
El movimiento de fiscales indignados presentó como prueba la entrega de cédulas a más de cien mil empleados públicos, además de la distribución de documentos de identidad de parte de cuadros del Frente Sandinista y de los miembros de los Concejos del Poder Ciudadano (CPC) a sus simpatizantes.
También denunciaron que no se entregaron la cédulas a miles de ciudadanos opositores al gobierno de Daniel Ortega.
Asimismo, mostraron evidencias de que el Consejo Supremo Electoral entregó cédulas a menores, según el informe presentado por esta organización de la sociedad civil.
CONTROL TOTAL DEL CSE
Otras de las denuncias fue el control total que mantuvo el Frente Sandinista en el poder electoral.
“El Consejo Supremo Electoral estuvo integrado por funcionarios de facto, que se les venció el periodo en enero de 2010, y la mayoría de los funcionarios estuvo subordinada al Frente Sandinista y los intereses del partido de gobierno”, destaca el informe.
También lamentaron los obstáculos que se les presentaron a los fiscales para observar el proceso electoral, emitir opiniones o impedir que miles de nicaragüenses, partidarios del FSLN, votaran más de una vez.
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