En su Carta de amor a Nicaragua titulada “¿Injerencismo norteamericano?”, difundida el martes pasado por Radio Corporación y publicada el mismo día en LA PRENSA, don Fabio Gadea Mantilla expresó que la demanda de algunos legisladores estadounidenses, de que se sancione a los gobiernos de Nicaragua y Venezuela por violaciones a la Carta Democrática Interamericana, no constituye un acto de injerencismo.
Don Fabio, quien después de las fraudulentas elecciones del 6 de noviembre pasado se ha confirmado como líder de la oposición política de Nicaragua, sostiene que “la reiterada violación a varios artículos de la Carta Democrática Interamericana de la OEA por parte del Gobierno de Nicaragua, tanto en las elecciones presidenciales del pasado 6 de noviembre, como en las municipales de noviembre del 2008, son motivo más que suficiente para que cualquier Estado Miembro de la OEA o el secretario general soliciten la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para adoptar las decisiones pertinentes”. Agrega don Fabio que exigir el respeto a la Carta Democrática Interamericana y solicitar sanciones para los países que la violan “no constituye injerencia alguna”, y advierte que “debería darnos vergüenza a los latinoamericanos que sean los Estados Unidos y Canadá quienes intenten sacarnos las castañas del fuego”.
Sin duda que tiene razón don Fabio, pues los pueblos tienen derecho a elecciones justas y limpias y los gobernantes están obligados a respetar la voluntad electoral de los ciudadanos. Estos son principios y normas consignados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana, que los gobernantes de los países que las adoptaron y promulgaron tienen la obligación de cumplir. Y si las violan, deben ser sancionados por la comunidad internacional.
Todos los dictadores se escudan en los conceptos de soberanía nacional y no injerencismo, para hacer lo que quieran dentro de sus países y que nadie les reclame por ello. En Nicaragua, específicamente, el principio de soberanía nacional ha sido invocado impropiamente y usado de manera maliciosa por gobernantes dictatoriales, como los Somoza y los Ortega, para que sus desafueros contra el pueblo y la democracia queden impunes. Pero la soberanía nacional para ser verdadera tiene que fundarse en la libertad de las personas y el respeto a la voluntad del pueblo, de lo cual se derivan la vigencia de las instituciones y la respetabilidad de los gobiernos ante la comunidad internacional civilizada y democrática.
El principio de no injerencia en los asuntos internos de los estados no es absoluto, ni una especie de patente de corso para que quienes están en el poder desvirtúen las instituciones democráticas, violen el Estado de Derecho y atropellen los derechos humanos.
Es más, la comunidad democrática internacional ha creado la doctrina jurídica del derecho de los pueblos a la protección, precisamente para impedir que los dictadores de cualquier clase cometan sus abusos con absoluta impunidad y ante la indiferencia cómplice de los Estados.
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