Sin ánimo de menospreciar a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), nuestra opinión es que la demanda de Nicaragua contra Costa Rica por los supuestos daños que causa la construcción de una carretera en territorio costarricense, paralela al río San Juan, debe ser tramitada únicamente en la Corte Internacional de Justicia, de La Haya, donde el gobierno de Ortega la interpuso por fin el jueves pasado.
Costa Rica no le reconoce jurisdicción a la Corte Centroamericana de Justicia, pero sí a la Corte de La Haya. Además, no resulta convincente el alegato de los magistrados centroamericanos, de que como el Estado costarricense firmó el Protocolo de Tegucigalpa mediante el cual se creó el tribunal centroamericano, está obligado a someterse a su jurisdicción. De manera que lo prudente es dirimir el conflicto en la Corte de La Haya, cuya autoridad ninguna de las partes pone en duda.
Se sabe que, en efecto, el entonces presidente de Costa Rica Rafael Ángel Calderón Fournier, firmó el Protocolo de Tegucigalpa del 13 de diciembre de 1991, en el cual se establece la Corte Centroamericana de Justicia como parte del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Pero en ese mismo Protocolo se consigna que la Corte se regirá por un Estatuto que debe ser “negociado y suscrito” por los Estados miembros del SICA, y Costa Rica no ha negociado ni suscrito tal Estatuto porque siempre ha dicho que no le interesa participar en órganos políticos de la integración, como la Corte de Justicia y el Parlacen.
Por otra parte, Costa Rica tiene derecho a construir la carretera dentro de su territorio soberano así como Nicaragua tiene derecho de dragar el río San Juan. A lo que no tienen derecho ninguno de los dos países, es a causar daños al otro con sus obras, sea el dragado del río en el caso de Nicaragua o la construcción de la carretera por parte de Costa Rica. Y si por esas obras se produce un litigio entre los dos países, como en efecto se ha producido, lo lógico y prudente es recurrir al tribunal internacional correspondiente, que sin dudas de ninguna clase es la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
El manejo que se le ha dado a la demanda nicaragüense en la Corte Centroamericana de Justicia, en la cual Costa Rica no tiene magistrados ni le reconoce autoridad y jurisdicción, se percibe más como una estrategia mediática que como un interés de ventilar el problema. Pareciera que lo que se quiere es derrotar políticamente a Costa Rica, debilitar su posición en La Haya y ganarle fácilmente el juicio. Pero si así fuera sería una tontería contraproducente, porque de sobra se conoce que la Corte Internacional está integrada por juristas doctos y eminentes, serios, experimentados, profesionales y responsables, que no se dejan impresionar por piruetas políticas ni manipulaciones mediáticas de ninguna clase.
El problema con Costa Rica es un asunto serio que no debería manejarse como feria de chovinismo, sino tratarlo seriamente en las instancias internacionales donde verdaderamente corresponde hacerlo.
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