Por Octavio Enríquez y Moisés Martínez
II ENTREGA
El viernes 24 de junio de 2011, cuando se rumoraba en Estados Unidos la posibilidad de que el mandatario venezolano Hugo Chávez estuviese enfermo, la ministra de Salud, Sonia Castro González, resolvió qué empresa proveerían al Estado del combustible necesario para que pudieran operar las calderas de 14 hospitales del país.
La funcionaria citó textualmente, antes de firmar la resolución, que su responsabilidad era velar por los principios de transparencia en la administración pública. Eran 20,831 galones de búnker y 10,517 galones de diesel mensuales para el consumo de 25 calderas según la convocatoria de la licitación.
Quedaba únicamente, como el colofón de la historia, la firma del contrato que sumaba 17.1 millones de córdobas, otorgado por “ser la oferta técnica y económicamente más favorable a los intereses del Ministerio de Salud”.
Una semana después se sentaron en una misma mesa el procurador general de la República, Hernán Estrada Santamaría, y un rostro conocido para él y también para la ministra.
Yadira Leets Marín, nuera del presidente Daniel Ortega y esposa del hijo mayor de este (Rafael), firmó en representación de la dirección ejecutiva de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo S.A. (DNP) y añadió a la suma grande otros 12,360 córdobas más que serían pagados por la instalación de varas de medición de combustible.
El contrato millonario era una repetición del suscrito un año antes entre los mismos personajes, valiéndose de que en el país no se sanciona la participación de familiares de los funcionarios públicos en contratos del Estado, aunque estos últimos podrían ser escrutados si hubiese voluntad de la Contraloría para investigarlos, según un jurista consultado.
El 4 de octubre de 2010, en el primer contrato por el combustible para las calderas, el Ministerio de Salud pagó a la nuera de Ortega 12.7 millones de córdobas.
Fue el inicio de una serie de contratos estatales para la DNP que se extendería durante 2011 al Instituto Nacional de Información (Inide) y a la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI). Estas últimas instituciones argumentaron en algunos casos que recibieron ofertas únicas.
- “Esas son licitaciones públicas. Ahora la ministra va a reunión de gabinete. No estoy autorizada a darte el celular. Enviame un correo con tu solicitud”.
- Vilma Areas, vocera del Ministerio de Salud.
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- “Disculpame, en estos momentos estoy en reunión. No te puedo atender. Yo te devuelvo llamada. Ahí me dispensás”.
- Orlando Castillo, director de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI).
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- El Inide y el Aeropuerto “cedieron” también con contrataciones a la DNP.
- 62,043.86 dólares que pagó el Inide para compra de combustible entre febrero y junio 2011.
- 278,942.91 dólares que suministró la empresa de Aeropuerto para comprar también combustible durante 2011. El gerente dijo que era la oferta más conveniente al Estado.
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Ya con los contratos consumados en las tres instituciones la suma alcanza los 1.69 millones de dólares.
LA RELACIÓN CON EL PODER
Esta es la historia de un “yacimiento” familiar. El vínculo de la DNP con los Ortega Murillo es doble. Además de la presencia de su nuera directamente en el negocio, se sabe ahora que los socios de la DNP son dos empleados del presidente, José Mojica Mejía y José María Enríquez Moncada, vinculado a una red de empresas beneficiadas por el Estado durante la Administración sandinista iniciada en enero de 2007 y que trabajan como representantes legales en medios de comunicación dirigidos por hijos del mandatario.
En octubre de 2009, fueron estos empleados de confianza quienes inscribieron un poder en el Registro Público de Granada, en el que “le ceden” la administración de la compañía a la nuera del presidente para administrar un negocio que genera 21 millones de dólares mensuales solo en venta de combustible en las gasolineras del país.
Unos meses antes de la escritura de poder, la familia presidencial ingresó al negocio petrolero, gracias al financiamiento de Venezuela, después que el Estado sacó al consorcio Glencore que arrendaba los bienes de Petronic desde 1999. La operación era exprimir al Estado y provoca ahora, que se conocen sus sórdidos detalles, que los expertos vuelvan los ojos a la riqueza del mandatario, quien en su más reciente declaración de probidad, en 2002, dijo tener como fortuna 217,943 dólares, según publicaciones realizadas por los medios de comunicación cuatro años después.
“Para nadie es un secreto que el capital de uno de los familiares del presidente Ortega va en un vertiginoso aumento y de que todo lo que teníamos en relación con el ‘Chigüín’ (Anastasio Somoza Portocarrero) está ocurriendo ahora con los chigüines de la familia Ortega Murillo, puesto que son empresarios millonarios, además de ser aspirantes en política a formar parte del gobierno, posiblemente serán ministros cuando doña Rosario (Murillo, primera dama) sea candidata (presidencial). Ese es el problema cuando el nepotismo llega a altas esferas económicas y se valen de esos parientes como interpósitas personas para aumentar sus beneficios al margen de la ley que rige el funcionamiento moral de los empleados públicos”, lamenta el exjuez y reconocido penalista, Sergio García Quintero.
¿Y LA CONTRALORÍA DÓNDE ESTÁ?
Sin embargo, García Quintero recuerda que el artículo 448 del Código Penal se refiere al enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, un delito que no requiere denuncia alguna para que pueda ser investigado por las autoridades de la Contraloría General de la República (CGR) o la Fiscalía General de la República, instituciones que sin embargo están controladas en la actualidad por el partido en el poder ejecutivo.
“La autoridad, funcionario o empleado público, que sin incurrir en un delito más severamente penado, obtenga un incremento de su patrimonio con significativo exceso, respecto de sus ingresos legítimos, durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda justificar razonablemente su procedencia, al ser requerido por el órgano competente señalado en la ley, será sancionado de tres a seis años de prisión e inhabilitación por el mismo período para ejercer cargos o empleos públicos”, dice textualmente el artículo 448.
“El día que pongan a funcionar esto (artículo 448) nos quedamos sin gobierno. ¿Si quieren iniciar una acusación contra la nuera? Tienen que empezarla la Contraloría que tiene potestad de pedir información para demostrar el capital directo del funcionario. La ley es clara, es cierto que tenemos leyes muy buenas, lo que no tenemos es voluntad ética-jurídica y menos de los órganos obligados a fiscalización que se comportan como cómplices”, dijo García Quintero.
El penalista cuestionó que todos los funcionarios públicos se abstienen de denunciar los contratos de la DNP porque “cooperan a esa fortuna o esperan que la fortuna de ellos aumente como Fidel Moreno (secretario general de la Alcaldía de Managua) y de otros funcionarios que por más que uno busque matemáticamente cómo cuadrar sus ingresos con lo que gasta, uno no halla cómo hacer”.
La familia Ortega Murillo tiene actualmente el poder absoluto. Ortega inició un tercer mandato, segundo consecutivo tras violentar la prohibición expresa en el artículo 147 de la Constitución. Hasta ahora nadie de la familia ni ninguno de sus testaferros han querido ofrecer una versión sobre esta historia.
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