De acuerdo con la denuncia pública de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), el presunto exalzado en armas contra el régimen de Daniel Ortega, Santos Guadalupe Joyas Borge (alias “Pablo Negro”), habría sido víctima de una ejecución extrajudicial.
Según la denuncia pública, Santos Guadalupe Joyas Borge lideraba una incipiente agrupación armada antiorteguista denominada Fuerzas Democráticas Comandante 3-80, y fue atraído mediante engaño a un lugar en territorio hondureño fronterizo con Nicaragua, donde fue ejecutado por efectivos militares.
La ejecución extrajudicial es un crimen que trasciende las fronteras nacionales y la legislación penal del país donde se realiza. Se trata de un crimen de carácter internacional, el cual ha sido condenado expresamente por las Naciones Unidas mediante la Resolución 44/162 de su Asamblea General, aprobada el 15 de diciembre de 1989. De acuerdo con las normas de derecho internacional, la ejecución extrajudicial se comete cuando: “a) Un servidor público tome parte en el mismo actuando como autor material, como autor intelectual o como cómplice; b) Que en el homicidio no se presente ninguna de las causas de justificación del hecho previstas por la ley penal; c) Que la víctima sea muerta mientras se encuentra en condiciones de inferioridad o en imposibilidad de defenderse; d) Que se mate a la víctima intencionalmente con el propósito de castigarla por sus actividades, por sus condiciones personales o sociales, por su ideología o por algún acto que supuestamente haya realizado”.
A juzgar por la denuncia de la ANPDH y familiares de Guadalupe Joyas Borge, su muerte ha reunido todas las condiciones de una ejecución extrajudicial, la cual podría interpretarse no solo como un castigo personal a quien supuestamente se atrevió a alzarse en armas contra el poder establecido, sino también como un mensaje de que así como electoralmente ya no es posible que haya un cambio de gobierno y de sistema político en Nicaragua, tampoco se podrá lograr por medio de la lucha armada. O sea que se estaría cumpliendo la tenebrosa amenaza del antiguo jefe del Ministerio del Interior y de la Seguridad del Estado del régimen sandinista de los años ochenta, de que van a hacer lo que sea y a pagar cualquier precio con tal de no perder ni entregar nuevamente el poder.
En Nicaragua, las ejecuciones extrajudiciales se vienen practicando desde la época de la dictadura somocista, se siguieron perpetrando durante la primera dictadura sandinista y significaría un trágico retroceso político nacional que se estuvieran practicando en la actualidad. Pero tal pareciera ser el caso de Guadalupe Joyas Borge , así como el de José Gabriel Garmendia, alias “Yajob”, el otro líder de los supuestos alzados en armas contra el régimen orteguista, quien fuera asesinado a mediados de febrero del año pasado en circunstancias parecidas.
Todo aquel que elige el camino de la lucha armada para alcanzar sus objetivos políticos, es consciente de los riesgos a los que se expone, incluso el de perder la vida. Pero una cosa es morir o matar en combate contra el enemigo y otra muy diferente es ser asesinado cobardemente por medio de una ejecución extrajudicial. Algo que no debería suceder ya en Nicaragua después de tanta sangre de hermanos derramada por causas políticas.
Ver en la versión impresa las páginas: 12 A