Por Wilder Pérez R. y Josué Bravo
Costa Rica dio el paso de quien se sabe culpable y no quiere pagar por su delito: huir de la justicia.
Esto es lo que piensan los ambientalistas nicaragüenses, sobre las razones por las que el gobierno costarricense se negó a acatar la resolución de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), quien le mandó a suspender las obras de construcción de una carretera de 160 kilómetros paralela al río San Juan de Nicaragua, que está afectando de manera negativa la ecología de esa área protegida.
En San José la Sala Constitucional anunció una próxima resolución sobre demanda interpuesta por ambientalistas ticos.
Costa Rica debe responder ante la CIJ en La Haya por demanda interpuesta por Nicaragua el año pasado por la carretera.
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Luego de que no le resultara la estrategia de lanzar ofensas contra los magistrados de la CCJ, el Gobierno de Costa Rica aplicó su “plan B”: negar la jurisdicción de la Corte en su territorio, para proseguir con lo que los ecologistas han llamado un “desastre ambiental”.
“La respuesta de ellos, arrogante, es un mecanismo de defensa para cuando alguien sabe que no le asiste la razón, y es más que evidente el daño que le han hecho a nuestro río San Juan”, comentó Kamilo Lara, presidente del Foro Nacional de Reciclaje (Fonare), una de las dos organizaciones ambientalistas que demandó a Costa Rica ante la CCJ.
Por su parte el canciller costarricense Enrique Castillo, aseguró ayer, ante medio centenar de diplomáticos acreditados en su país, que la orden de la CCJ de paralizar la construcción de la carretera que San José concibió como obra de defensa nacional, es una “actuación abusiva” de este tribunal y solicitó el apoyo de los países del Sistema de Integración Centroamericana.
“La Corte Centroamericana de Justicia, de manera abusiva, pretende tener competencia y jurisdicción sobre un país como Costa Rica, que no la ha aceptado, y que de hecho expresamente la rechazó, en 1995, por medio de la Asamblea Legislativa, la máxima expresión soberana del país”, aseguró Castillo.
Tras la resolución de la CCJ, los temores que este tribunal imponga sanciones comerciales aumentan en el sector exportador costarricense.
La ministra de Comercio Exterior, Anabel González, pidió que no se emitan medidas vinculadas con restricciones al comercio porque afectarían el proceso de integración centroamericana.
“Espero que a nadie se le ocurra entrar en ese campo, porque la realidad es que el esquema de integración económica centroamericano ha venido avanzando muy bien. Tenemos mecanismos que garantizan la fluidez del comercio en la región y me parece que esto es algo que es del interés de todos nosotros (para) que funcione bien”, dijo a periodistas en San José.
En Costa Rica se especula sobre un eventual cierre de fronteras nicaragüenses que impidan la circulación del comercio tico, por eso tales reacciones.
Mónica Araya, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), también se ha manifestado contra eventuales restricciones al comercio que pueda imponer la CCJ.
“Nos afectan a todos. A comerciantes, empresarios, exportadores, y poblaciones en general”, dijo.
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