La informalidad bloquea la liquidez

Wendy Álvarez Hidalgo

Ocho veinteañeros amasan con fuerza la mezcla sobre una mesa grasienta. La tarde empieza a caer. El pequeño horno artesanal está a 220 grados. No hay cesación para el descuido. A cada minuto el horneador observa a través de una angosta rendija el arder de los bollos en sartenes oscurecidos por la grasa quemada y el tiempo. Huele a pan recién salido del fogón en los alrededores del barrio San Judas.

El horno de Raúl Meza raras veces duerme. El chirriar de la mezcladora y la afinadora de masa se escucha al cantar del gallo: a las cuatro de la madrugada. Se apagan a media noche. El trabajo para los ochos obreros es largo, porque la capacidad de los artilugios y el horno es bajo. Apenas se logra hornear seis quintales de harina al día. Lo ideal serían 30 quintales.

Raúl desea entrar a nuevos mercados. “Nosotros quisiéramos vender nuestro pan a los supermercados, pero difícilmente podríamos cumplir la meta y las condiciones que exigen”, asegura mientras acomoda las bolsas de picos, polvorones, pan simple y bañado en queso que están en una vitrina mediana.

Hace cinco años, este panadero de estatura media, tez morena y manos gruesas, contactó a un gerente de un supermercado para sondear la posibilidad de vender su producto en los estantes de estos centros de compras. “No pude. Me exigía una gran cantidad de modificaciones en mi taller”. A Raúl le pedían invertir en infraestructura, en las condiciones higiénico sanitarias y ampliar la capacidad productiva diaria.

“Son raras las pequeñas empresas que entran a competir en ese mercado, porque para eso se necesita invertir y para invertir necesitamos dinero, crédito y para nosotros las pymes es difícil contar con esa facilidad”. Y aunque Raúl tiene registrada su panadería, obtener financiamiento a través de la banca no es fácil.

Al no poder entrar a otro mercado, el establecimiento de Raúl empezó a decaer. La aparición de panaderías ilegales en San Judas —15 calcula el pequeño empresario— acabaron asfixiando su negocio. La panadería no cerró, pero decayó aún más en producción. “Hice esfuerzo para evitarlo, pero no pude”.

En Nicaragua más del 70 por ciento de las micros y pequeñas empresas no tienen acceso al financiamiento. No son bancarizables. La usura es su único refugio. La mayoría se encuentra en la informalidad. No pagan impuestos, carecen de las garantías que exigen los bancos. Y las que están en la formalidad, “sus estados financieros son muy débiles”, sostiene el vicepresidente del Consejo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), Leonardo Torres.

COSTO ES ALTO

Los bancos, según Torres, piden a sus clientes sus estados financieros auditados. “Cumplir ese requisito es difícil, porque es caro, no te lo bajas de mil dólares por cada periodo fiscal auditado”. Raúl, el panadero, no tiene sistema contable. Desde que creó su empresa, hace 25 años, lleva el registro de sus gastos de forma empírica. Solo sabe cuánto produce por cada quintal de harina y la ganancia que recibe por eso.

Los ochos amasadores trabajan en un sitio pequeño, casi a la orilla del horno de piedra. Según explica, el espacio de trabajo es de unas 112 varas cuadradas. No siempre fue así. Raúl comenzó el negocio con capital propio y el de su hermana, que luego abandonó la sociedad. Al inicio tenía dos hornos y había una capacidad de procesar 15 quintales de harina. El espacio de producción y empaque era de 600 varas cuadradas.

La salida de capital de su hermana, el crecimiento de las panaderías ilegales, el difícil acceso al financiamiento, obligaron a Raúl a vender gran parte de su área de trabajo, incluido uno de los dos hornos. “Ahora vendo mi producción a unas 100 pulperías de Managua, es mi única fuente de financiamiento”, afirma. Y añade: “Con eso no puedo aumentar mi capacidad de producir”.

El pequeño panadero ya ha hecho cuentas. “Necesito unos 60,000 dólares para hacer crecer verdaderamente mi negocio. Solo así podría entrar a otros mercados y procesar 30 quintales de harina diario”, su anhelo.

En los últimos años Raúl ha logrado algunos préstamos en Caruna, dice, pero estos no han sido suficientes para empujar el crecimiento del negocio. ¿Sabía que en Nicaragua existen cinco instrumentos de financiamiento que no necesitan de garantías bancarias y le permitiría conseguir liquidez a corto plazo? “No”, admite el pequeño empresario. “Hasta ahora no me he informado bien”, añade.

LEYES QUE FACILITAN EL CRÉDITO

Y es que en los últimos tres años diversas cámaras empresariales y gremios de mipymes han impulsado en la Asamblea Nacional leyes que facilitan a los privados, particularmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, el acceso a la liquidez: factura cambiaria, fideicomiso, factoraje y las sociedades de garantías recíprocas. Está pendiente la aprobación del leasing o arrendamiento financiero, cuyo servicio ya se presta dentro del Sistema Financiero Nacional.

La mayoría de estas leyes están en ‘pañales’. Por desconocimiento o por falta de un reglamento, estas legislaciones han tenido poco impacto en el sistema financiero. Ese es el balance que hacen los representantes de algunos gremios empresariales.

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Nicaragua (Caconic), Eduardo Fonseca, reconoce esta deficiencia. “La Ley de Factoraje, por ejemplo, creo que no ha tenido el efecto que nosotros esperábamos, que la operación de este servicio fuera más barato”.

Surima Moreno es gerente financiera de Delmor, empresa embutidora con fuerte presencia en el mercado nacional. Desde hace ocho años esta compañía recurre al factoraje para obtener liquidez a corto plazo. Moreno dice que este tipo de instrumento financiero tiene una “gran bondad”: la compañía obtiene en 24 horas el 80 por ciento del valor de una factura por cobrar. El 20 por ciento restante se recupera cuando la empresa de factoraje obtiene en su totalidad el capital por cobrar.

Las pymes generalmente deben esperar entre 30 o 45 días para que el cliente desembolse el pago por el producto recibido. Eso dificulta que las empresas obtengan liquidez a corto plazo. “Muchas de las empresas que tienen un capital reducido recurren a este tipo de financiamiento rápido”, explica el gerente de crédito de Credifactor, Christopher Oviedo. “No se necesita que el cliente tenga una empresa poderosa. Si tiene un buen producto y un buen comprador, la compañía de factoraje puede descontar esa factura”. No se requiere de una garantía real. La garantía es el pagador.

Se estima que en Nicaragua existen unas 20 empresas que se dedican a ofrecer este servicio. Desde el 2001, cuando aparecieron las primeras compañías con este servicio, hasta finales de 2010 este sector financiero operaba sin ningún marco legal. En diciembre de 2010 la Asamblea aprobó la Ley 740 que establece las reglas claras para el factoraje.

LEY NO LOGRA BAJAR TASAS

Pese a la agilidad en la obtención de liquidez, la Ley 740 no ha sido capaz de bajar los costos de este servicio, advierte el director ejecutivo de Caconic. El gerente de Credifactor reconoce ese cuestionamiento. “Es un financiamiento un poco más elevado que un préstamo, pero esto es compensado por el esquema de trabajo posterior”, replica.

¿Por qué la tasa de interés es alta en el factoraje? “Todo depende del riesgo de cada cliente”, afirma Oviedo. Además de pagar una comisión de entre uno y dos por ciento por desembolso, la empresa de factoraje aplica una tasa de interés de entre 18 y 20 por ciento anual. Este rédito es mayor en comparación al que se fija en el crédito convencional que es de entre un 12 y 14 por ciento anual, pero la aprobación del préstamo tarda dos meses o más.

EL FIDEICOMISO

También existe el servicio de fideicomiso. Es quizás una de las formas de obtención de liquidez más barata, en comparación al resto de instrumentos. El fideicomiso está regulado en la Ley 741, aprobada en noviembre de 2010. Por ahora se ofrece principalmente en los bancos.

Marvin Téllez Robleto es asesor jurídico para el departamento de fideicomiso de Lafise Bancentro. Esta entidad tiene más de 12 años en la administración de capitales de terceros, que en su mayoría son organismos internacionales o entidades sin fines de lucro.

“La ventaja de este servicio es que los intereses son bajos o moderados en comparación a un crédito convencional”. En promedio las tasas de intereses de este tipo de préstamos rondan entre un tres y ocho por ciento si el capital está dirigido a sectores desfavorecidos. Los plazos de pago alcanzan de 10 a 15 años.

Las prendas de garantías son más flexibles. “Se admiten garantías que generalmente un banco no acepta, por ejemplo un título agrario”, añade. El problema es que este servicio generalmente no está disponible para todos los sectores. Algunos montos están atados a programas específicos o bien el beneficiario debe cumplir requisitos que impone el propietario del capital.

Actualmente esta entidad maneja 200 millones de dólares en fideicomiso.

LEY DE FACTURACAMBIARIA EN DESVENTAJA

Las pymes tampoco pueden gozar de los beneficios de La Ley 739 o Ley de Factura Cambiaría. De hecho este es uno de los instrumentos legales que menor alcance ha tenido desde su aprobación y entrada en vigencia en 2010. Este mecanismo permite que una pyme venda su factura por cobrar a un banco o cualquier empresa, todo con el fin de obtener liquidez a corto plazo.

El vicepresidente de Conimipyme, Leonardo Torres, explica que para que una pyme puede hacer uso de este canal de financiamiento requiere transformar su factura comercial en factura cambiara, cuyas características establece la ley (artículo 3). Por ejemplo, “tiene que tener en el reverso los endosos, además debe tener la firma, el número de cédula del propietario del negocio, recargo que se va a cobrar por la factura vencida. No es la típica factura”. De hecho el documento también debe poseer el número RUC, pero para ello se requiere estar registrado.

La informalidad es grave. No hay un censo, pero las cifras estimadas así lo indican. “Se habla de 400 mil o medio millón de mipymes, pero no sabemos con certeza cuántas son. El nivel de subregistro en el Ministerio de Industria, Fomento y Comercio (Mific) es fuerte. No llegan ni a 20 mil las empresas que están registradas como mipymes. Todas estas no pueden gozar de todos los beneficios de las leyes que en los últimos años se han aprobado, incluida la factura cambiaría”, sostiene Torres.

APORTE AL PIB SERÍA MAYOR

Solo se sabe que en Nicaragua las mipymes aportan el 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), calculado en más de seis mil millones de dólares. Un aporte, que según el sector, podría ser mayor si se invirtiera en tecnología, infraestructura y capacidad productiva. Para ello estiman que necesitan 50 millones de dólares. “Si las pymes no se formalizan no podrán gozar de todas estas formas de obtener financiamiento y la usura será su única fuente obtención de liquidez”, sentencia Torres.

De hecho en el país también se está trabajando en la Ley de Leasing o Arrendamiento financiero, que permitirá a las empresas adquirir equipos y maquinarias a bajo costo. Actualmente este servicio es ofrecido por los bancos y unas 10 empresas privadas. Es caro. “La ley vendría a bajar el costo de esa operación”, afirma optimista el director ejecutivo de Caconic, Eduardo Fonseca.

¿Cómo funciona? La empresa contrata con el banco la compra de una determinada maquinaria, cuyo inventario se convierte en la garantía para el banco. El cliente adquiere en alquiler el bien y paga por este una cuota mensual de arrendamiento. “Después de cinco o siete años el banco te ofrece al usuario vendérselo y te dice ‘este es el costo real de la maquinaria”, explica el gerente de Agropecuaria Lafise, Enrique Zamora. También hay empresas que ofrecen arrendamiento o alquiler de determinados servicios.

Por ahora este proyecto de ley no ha sido aprobado en la Asamblea. El tema en debate es que la carga impositiva que se aplica en la compra de la maquinaria, por ejemplo, sea menor. “Se discute para ver si se elimina el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la comprar una maquinaria”, explica el director ejecutivo de Caconic.

“Las pymes que están en la informalidad no solo pierden los beneficios que ofrecen todas estas nuevas leyes de acceso al financiamiento, también no pueden gozar de las exoneraciones que por ley les corresponde”, reitera por su parte el vicepresidente de Conimipyme. ¿Le gustaría importar maquinarias sin pagar impuestos? Eso es posible por ley.

Crearán primeras sociedades de garantías

Las micro, pequeñas y medianas empresas también disponen de la Ley de Sistema de Sociedades Recíprocas (663). Fue aprobada en junio de 2008, pero hasta ahora empieza a dar frutos. Resulta que el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo está apoyando a pymes en la creación las primeras sociedades de garantía.  

La Ley 663 establece que se necesita de un socio “protector” para conformar la sociedad y un capital de 4.2 millones de córdobas. El 50 por ciento debe ser proporcionado por el protector y el restante por los miembros de la sociedad.

En ese sentido, el vicepresidente de Conimipyme, Leonardo Torres, explicó que este año consiguieron que el Gobierno de Luxemburgo aportara medio millón de dólares para conformar cinco sociedades. Una de ellas estará integrada por unos 340 empresarios de la Cámara Nicaragüense de Turismo de la micro, pequeña y mediana empresa (Cantur).  

Las pymes miembros de esta sociedad podrán emitirse entre sí avales de garantías para que los bancos disminuyan la tasa de interés, “porque la tasa de riesgo se disminuye”, afirma. Las sociedades son reguladas, según la ley, por el Mific, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif).  

Se espera que en junio empiece a operar la primera sociedad de garantía recíproca, modelo que podría servir de referencia para el resto de sectores productivo.

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