Moisés Martínez
El presidente del Banco Central, Antenor Rosales, prácticamente evadió cuando se le consultó sobre la apropiación por parte de la familia presidencial de los activos de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP).
“No existe una injerencia del Estado en el establecimiento y formación de los precios. Desde esa perspectiva creo que los nicaragüenses debemos empeñarnos más en desarrollar un modelo de mercado en que se trabaje en igualdad de oportunidades”, aseveró.
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Rosales vinculó esta operación con el suministro petrolero para las generadoras energéticas, cuando el caso de la DNP se refiere a una importadora y distribuidora de hidrocarburos, cuyos activos deberían haber regresado al Estado, pero en realidad pasaron a ingresar a los bienes del presidente inconstitucional Daniel Ortega y familia.
“Yo creo que la población si siente el beneficio en la medida que antes del 2007, en nuestras casas el pollo, la leche, se nos descomponía porque no había energía eléctrica. En la medida que la cooperación venezolana permitió la generación de energía con las plantas que Venezuela instaló en Nicaragua, en la medida que tenemos un convenio en Petrocaribe, en la medida que tenemos garantizado recursos para desarrollar un conjunto de programas que la cooperación venezolana ha permitido en Nicaragua, estamos absolutamente convencidos que el impacto en la sociedad nicaragüense es real”, respondió Rosales.
Pese a la clara evasión del tema, Rosales es el primer funcionario público que se atreve a responder sobre esta operación, que fue revelada por una investigación del diario LA PRENSA publicada la semana pasada en una serie de tres entregas.
Ni el presidente Daniel Ortega, ni su esposa Rosario Murillo, se han pronunciado sobre las evidencias presentadas por la investigación periodística que señalan directamente a Yadira Leets Marín, nuera del mandatario.
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