El gobierno español ha iniciado medidas legales contra la difunta aerolínea Spanair por presunta violación de las normas al cesar operaciones repentinamente, dijo un ministro ayer sábado.
Unos 22,000 pasajeros que habían reservado asientos en más de 220 vuelos quedaron varados y en busca de alternativas de viaje e instrucciones sobre la solicitud de reembolsos.
Spanair, propiedad de un consorcio con sede en Cataluña, canceló todas sus operaciones el viernes por la noche debido a la falta de fondos.
La demanda podría culminar en multas por valor de 9 millones de euros (11.8 millones de dólares) por dos “violaciones graves” de las leyes de seguridad aérea, dijo la ministra de Desarrollo, Ana Pastor.
Las presuntas infracciones estarían relacionadas con obligaciones de continuidad del servicio y protección de los pasajeros.
El presidente Ferrán Soriano dijo que la empresa no supo atraer inversiones internas y por ello el gobierno regional catalán tomó la decisión de suspender la entrega de fondos.
Spanair empleaba unas 2,000 personas con 1,200 de personal de tierra. Los problemas financieros se multiplicaron a partir de un accidente en el 2008 que causó 154 muertos.
Spanair, que operaba también un “puente aéreo” entre Madrid y Barcelona, tenía ya problemas financieros antes de que el vuelo JK5022, un avión MD-82, se estrellara durante el despegue, el 20 de agosto de 2008. La aeronave se dirigiría de Madrid a las Islas Canarias.
En 2010 Spanair, la cuarta aerolínea del país, reportó pérdidas operativas por 115 millones de euros (151.2 millones de dólares), pero sobrevivió gracias a los fondos provistos por el gobierno catalán e inversores privados.
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