El mismo día de las elecciones del 6 de noviembre pasado en Nicaragua, el diplomático argentino y jefe de la Misión de Acompañamiento Electoral de la Organización de Estados Americanos (MAE-OEA), señor Dante Caputo, informó a los periodistas sobre los obstáculos que estaban impidiendo el desenvolvimiento normal de la observación electoral.
El diplomático Caputo expresó en aquella ocasión: “Se nos impidió que nuestra gente estuviera en el momento preciso donde debería estar y eso no es subsanable y alterará nuestra capacidad de trabajo”. Además el jefe de la observación de la OEA dijo que estaban “navegando sin radar”, pero no porque el radar se les rompió sino porque se los taparon, y sentenció gravemente: “No queremos echar leña al fuego, pero me debo a la verdad de lo que vi la verdad de lo que vi es lo que cuento ”
Ahora, con el informe final que dio a conocer el jueves de la semana pasada, lo que la Misión de Acompañamiento Electoral de la OEA ha venido a echar sobre el fuego del fraude electoral que se cometió el 6 de noviembre pasado, no es leña en efecto sino agua fría.
La Misión de la OEA no señala en su informe el hecho ilegal y fraudulento más grave que ocurrió en el proceso electoral previo a las votaciones del domingo 6 de noviembre de 2011. Nos referimos a la candidatura de Daniel Ortega a la reelección presidencial, que fue impuesta pasando encima de la prohibición expresa que establece la Constitución Política de la República en su artículo 147, el cual no puede ser modificado ni dejado en suspensión por ninguna clase de resolución administrativa o judicial, sino únicamente por una reforma constitucional de conformidad con el procedimiento establecido en la misma Constitución.
En el informe de la OEA se menciona una gran cantidad de anomalías y arbitrariedades ocurridas durante las votaciones, las que precisamente configuraron el fraude y de las cuales los mismos observadores de la OEA fueron testigos y víctimas personales y directas. La Misión de la OEA señala inclusive que hubo incumplimiento gubernamental del Acuerdo de Procedimiento para el “acompañamiento” electoral y reconoce que “los hechos derivados de ese incumplimiento han impedido cumplir plenamente los objetivos de la Misión”.
Sin embargo, el informe de la Misión de Acompañamiento Electoral de la OEA reconoce como válida la reelección de Daniel Ortega, porque así lo informó el Consejo Supremo Electoral y porque “no se han conocido pronunciamientos en su contra por parte de ningún Estado y, en consecuencia, por ningún miembro de esta organización”. Además, se asegura en el informe que la Misión de la OEA realizó “monitoreos de control a efectos de cotejar resultados” (y) “a pesar de los inconvenientes indicados que impidieron ejecutar esa tarea en forma adecuada, sus resultados son semejantes con los emitidos por el Consejo Supremo Electoral”.
La verdad es que no se podía esperar algo distinto de la OEA. Sin embargo, la gran cantidad de anomalías que según su mismo informe ocurrieron en las elecciones del 6 de noviembre, es prueba suficiente del fraude electoral aunque no lo reconozca expresamente.
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