Tegucigalpa/ACAN-EFE
El Comisionado de los Derechos en Honduras, Ramón Custodio, dijo hoy que la supuesta inacción de los responsables de gobernar el país pude convertirlo en un Estado fallido, y alertó que la depuración del sistema judicial es imperiosa.
“La depuración del sistema de justicia es una necesidad imperiosa porque realmente la situación de emergencia que vive el país así lo exige”, indicó Custodio en un comunicado, en el que además señala que los gobernantes no están haciendo todo lo necesario ante “la indefensión en que vive la gente honesta”.
En su opinión, si los responsables del gobierno no toman los correctivos a tiempo, “Honduras podría convertirse en un Estado fallido”.
“Cuando se habla con insistencia que Honduras es un Estado fallido, es porque quienes gobiernan empiezan a fallar y no cumplen con sus obligaciones fundamentales para que haya un orden democrático y que exista convivencia pacífica en la sociedad”, subrayó.
Dijo que las autoridades deben reaccionar frente a quienes violentan los parámetros de convivencia pero en forma razonable, sin exceso de la fuerza.
Lo que se está viendo en el país centroamericano, según Custodio, “es un estado de indefensión de la gente honesta”.
La violencia en Honduras se ha incrementado en los últimos seis años, al extremo de que en promedio una veintena de personas pierden la vida diariamente, sin que la mayoría de los casos sean esclarecidos.
Las autoridades atribuyen una buena parte de esa violencia al crimen organizado, el narcotráfico, pandillas armadas y el desempleo, aunque en algunos crímenes y otros delitos se han visto implicados agentes y oficiales de la Policía Nacional.
A manera de ejemplo, Custodio indicó que hay ciertas ocupaciones que se han vuelto de alto riesgo en el país, como tener un pequeño negocio abierto al público y el servicio de transporte que prestan los taxistas.
El ombudsman recordó que los conductores de taxis y autobuses urbanos e interurbanos también están sometidos a las presiones de los delincuentes, quienes asesinan a los que no les pagan un “impuesto de guerra”.
Según relatos de seis taxistas de Tegucigalpa a Acan-Efe, la situación se ha vuelto muy delicada en algunos puntos, porque el “impuesto de guerra” se los exigen dos pandillas diferentes que son enemigas.
“La falta de políticas criminales por parte del Estado y la carencia de una estrategia, hicieron que este mal haya crecido tanto que ya es casi incontrolable”, añade el comunicado de Custodio.
“Para que el pueblo entienda de qué estamos hablando, imagínense una trabajadora que sale a las 11:00 de la noche de su trabajo y tiene que transportarse como puede a su barrio donde vive con alto riesgo para su vida y su seguridad personal”, acotó.
Custodio expresó que las autoridades “no pueden estar pidiendo más y más recursos sin tener una propuesta concreta en cómo se va a invertir y cómo le van a garantizar esa seguridad a las personas que están pagando impuesto de guerra muchas veces a la misma autoridad”.
Además, reiteró que es una “necesidad imperiosa” la depuración de la Policía Nacional, proceso que está en marcha con nuevas leyes que han sido aprobadas en los últimos tres meses.
Custodio dijo que “con los delincuentes no se debe ser tolerante” y denunció que actualmente existe un desafío de los malos hondureños que quieren intimidar a los que han venido trabajando por la democracia, el Estado de derecho y el imperio de la justicia en el país.
