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Pese a demandas de organizaciones de la sociedad civil por despenalizar el aborto, el poder judicial no se pronuncia sobre los recursos. LA PRENSA/ARCHIVO

Nicaragua postergó sugerencias de ONU

Más de tres años han pasado desde que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) hizo recomendaciones al Estado de Nicaragua con relación a cuatro temas de importancia sobre los derechos civiles de su población.

Elízabeth Romero

[doap_box title=”Persiste situación de cárceles” box_color=”#336699″ class=”aside-box”]

Mauro Ampié señaló que el Estado continúa incumpliendo en cuanto a la negativa para que organizaciones como el Cenidh puedan tener acceso a las cárceles y verificar las condiciones de los privados de libertad. Ahí continúa el hacinamiento y el presupuesto bajo para los reos.

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Más de tres años han pasado desde que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) hizo recomendaciones al Estado de Nicaragua con relación a cuatro temas de importancia sobre los derechos civiles de su población. Aunque el Estado nicaragüense debió presentar un año después su informe ante ese comité explicando si había aplicado o no las medidas según las recomendaciones hechas, fue hasta este mes que lo presentó.

Los temas sobre los cuales ese comité hizo recomendaciones al país están relacionados con la violencia hacia las mujeres y la niñez, la penalización del aborto terapéutico, la situación de privados de libertad y el acoso a defensores de derechos humanos. Los temas aún siguen pendientes de cumplimiento a criterio del director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Mauro Ampié.

“Lo que registramos en la mayor parte de los casos es que el Estado no ha cumplido las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos”, expresó Ampié. El Cenidh, junto con organizaciones como la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Coordinadora de la Niñez (Codeni), Red de Mujeres contra la Violencia y Alianza de centros, que en su momento enviaron un informe alterno sobre estos temas, enviaron nuevamente un informe ante ese comité indicando que a la fecha el Estado no ha cumplido.

“Las víctimas de violencia de género continúan enfrentando obstáculos para el acceso a la justicia”, observó Ampié.

La práctica del aborto con fines médicos fue penalizada desde 2006, sin que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva los recursos por inconstitucional introducidos ante ese poder del Estado.

Persiste además la situación de acoso a los defensores de derechos humanos. En el caso del Cenidh, mencionó que no han cesado los ataques verbales y calumnias a través de los medios oficialistas en contra de los activistas del ONG.

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