El cuadro que presenta Nicaragua en estos momentos no es muy estimulante. De nuevo están en el escenario del país los elementos que caracterizan la disociación y la ausencia de posibilidades reales de estabilidad y desarrollo. El hecho de que lo que hoy vemos ya lo hemos visto o sabido en el pasado, no es ningún aliciente que permita disolver o disminuir la preocupación del momento, pues, por el contrario, esta debe acentuarse por la reiteración de problemas que deberían estar superados y ser solo referentes del pretérito.
Tal consideración de ninguna manera formula la pretensión de una sociedad sin problemas, pues eso es imposible, sino el derecho, en todo caso, de enfrentar otros que nos ubiquen en el contexto histórico correspondiente, y no ver constantemente en una especie de daguerrotipo, dificultades que deberían estar marchitas y que cobran vida en un incesante repetir de las mismas situaciones que se creían superadas. La verdad es que no solo estamos, como todos, ante las dificultades del presente, sino que, además, a estas se agregan aquellas que regresan para recordarnos que lo que fue sigue siendo, cerrándose así las posibilidades de ingresar a un mundo moderno y de ser contemporáneos de nuestro tiempo y situación.
La fragmentación de Nicaragua es, podríamos decir, una constante histórica, un comportamiento que hace oscilar la vida política entre el pacto y el facto, entre la confabulación y la confrontación. Después de las elecciones de noviembre de 2011 esta situación se ha reconfirmado en la serie de irregularidades, opacidades y falta de transparencia que las han caracterizado, para usar el lenguaje, no por diplomático menos claro de las misiones de observación electoral de la Unión Europea y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
¿Por qué esta constante en nuestra historia? ¿Por qué los hechos no fluyen y las situaciones pasan, sino que por el contrario se estancan e inmovilizan atándonos a un pasado que se nos ha vuelto presente? Pareciera que en Nicaragua el río de Heráclito se congela a pesar del calor. Aunque no hay respuestas simples para problemas complejos, más allá de las referencias puntuales y los comportamientos y ambiciones personales de ciertos actores políticos, nos atreveríamos a caracterizar la situación actual, a través de tres ejes temáticos principales: la concentración de poder; la confrontación política de los partidos de la oposición; y la insuficiente presencia de la sociedad civil y la ciudadanía.
Un sistema político con un poder concentrado de las dimensiones del nicaragüense, se aleja cada vez más de los referentes de la gobernabilidad democrática, sobre todo cuando se pretende representar en la voluntad individual de poder, la voluntad colectiva de la ciudadanía, arrogándose, en consecuencia, atribuciones que pasan por encima de lo establecido en la Constitución Política y en las leyes. Es muy arriesgado pretender que la forma para superar un sistema institucional de las características que corresponden al Estado de Derecho que surge de la Modernidad, separación de poderes, subordinación del poder a la ley, jerarquía de la norma jurídica, supremacía de la Constitución, entre otros, pueda hacerse, no mediante un estudio profundo y un debate democrático y participativo en la búsqueda de eventuales formas sociales, políticas y jurídicas, que demuestren que realmente pueden ser más eficaces y apropiadas para garantizar la gobernabilidad democrática y el desarrollo del país, sino mediante la imposición autoritaria del poder que pretende transformar su propia voluntad en la voluntad general, desconociendo que si bien la soberanía reside en el pueblo, esta solo se ejerce a través de la Constitución y las leyes, y no en las decisiones unilaterales del poder.
El otro elemento presente en este análisis se refiere al comportamiento de la oposición política, caracterizado por una actitud confrontativa y de descalificación recíproca, que en última instancia, favorece fundamentalmente al poder, el que además del control que ejerce sobre los otros poderes del Estado, concentra 63 diputados en la Asamblea Nacional, lo cual le permite tomar todas las decisiones que quiera.
Una situación semejante hace de la oposición una entidad sumamente débil, que usa la poca fuerza dispersa en el ataque entre los partidos que debían formarla y que disputan entre sí diferentes opciones y ambiciones. Esto favorece la manipulación de parte del ejecutivo, que obtiene significativas ventajas políticas de la división de los partidos que deberían hacer oposición constructiva, en vez de la actitud que los lleva a la confrontación entre ellos mismos. A esto habría que agregar las diferencias al interior de los propios partidos, incluyendo al que obtuvo el segundo lugar en los cuestionados resultados electorales, lo que no tendría nada de particular, si las mismas fueran consecuencia de la discusión acerca de los planes y programas de acción y sus estrategias correspondientes.
Finalmente, la acción de la ciudadanía es quizás la más consecuente y sostenida, pero sin llegar a tener una influencia significativa en la dirección de la nación, ni en las decisiones de los partidos políticos que deberían ser los ejecutores de sus requerimientos y formulaciones.
Un cuadro semejante, además de la fragmentación que de él se desprende, nos revela la existencia de una causa más profunda que lo produce, tal es la ausencia de un plano de coincidencias mínimas, compuesto por valores y principios comunes, sin perjuicio de las diferencias e identidades de cada grupo político y del propio Gobierno. Es fundamental identificar cuáles son esos valores y principios que pueden unir al país y en base a los cuales los partidos, la ciudadanía y el propio gobierno deben formular sus estrategias, planes y programas.
En términos generales y como objetivos comunes de dimensión nacional, podrían mencionarse, dentro de la concepción de un plan general, al menos cuatro puntos fundamentales: a) la institucionalidad, el Estado de Derecho y la seguridad jurídica; b) la elaboración estratégica de un plan social, como médula de un proyecto de país; c) el plan económico que debe atender las necesidades esenciales del pueblo nicaragüense en materia de salud, educación empleo, vivienda y alimentación, junto a los requerimientos básicos de la cooperación internacional; y d) el plan político, que consistiría sobre todo, en la adopción de las medidas necesarias para llevar a la práctica la realización de estas ideas principales, desde el gobierno, los partidos políticos y la ciudadanía, esta última a través de las organizaciones de la sociedad civil.
Esencial en todos estos planteamientos, es la consideración de la cultura en sus diferentes expresiones, artísticas, literarias y del pensamiento, sobre todo si se tiene en consideración que en este campo Nicaragua ha tenido una notable significación. La educación y la cultura son los factores principales para hacer posible cualquier plan de desarrollo del país y cualquier esfuerzo para construir una nueva sociedad y una nueva política que contribuya a la reafirmación de la libertad, la democracia y los derechos humanos.
Jurista, filósofo y escritor nicaragüense
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