LISBOA-AFP
Numerosos sectores públicos, en particular los transportes, se vieron afectados ayer en Portugal por la huelga general convocada para protestar contra las medidas de austeridad del gobierno de centro-derecha, aunque la movilización parecía menor que en paros anteriores.
En Lisboa el metro paró y la actividad en los principales puertos del país se redujo. Los transportes aéreos no se vieron afectados por la huelga, aunque escuelas, hospitales, tribunales, administraciones, correos, bibliotecas, museos y la recogida de basura funcionaban parcialmente.
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La huelga se ha convertido en un test sobre la influencia de la CGTP, la principal confederación sindical portuguesa y la única que convocó a este paro nacional. En ausencia de indicadores precisos de la CGTP sobre la amplitud de la movilización y del Gobierno, que se ha negado a ofrecer estimaciones, el líder del sindicato, Amenio Carlos, aseguró que la participación, inferior a la esperada, se debe a las “dificultades financieras y a la intimidación en los lugares de trabajo”.
La huelga “no ayudará a resolver los problemas del país. Tenemos la sensación de que una mayoría aplastante de portugueses piensa lo mismo”, dijo el portavoz del gobierno, Luis Marques Guedes.
Con gritos de “FMI fuera”, “Basta de sacrificios” o “Se necesita un cambio o trabajo para los jóvenes”, el cortejo sindical se dirigía en calma hacia el Parlamento portugués, donde se iba a juntar con movimientos de jóvenes “indignados”.
REFORMA DIVIDE
La CGTP se lanzó en solitario en esta batalla, sin el apoyo de la otra gran central sindical, la UGT, que la había apoyado en las dos huelgas generales anteriores, de noviembre de 2010 y noviembre de 2011.
Los dos sindicatos están divididos con la reforma laboral que promueve el Gobierno, aceptada por la UGT pero que la CGTP ha rechazado de plano al calificarla de “regreso al feudalismo”. Esa reforma prevé una flexibilización de la jornada laboral, facilitación de los despidos, supresión de días feriados y reducción de días de vacaciones.
Esta reforma defendida por el gobierno del primer ministro conservador Pedro Passos Coelho estará la semana próxima en el Parlamento, donde la coalición de derecha dispone de una confortable mayoría.
Después de Grecia e Irlanda, Portugal es el tercer país de la zona euro que ha necesitado asistencia financiera para evitar la quiebra. En mayo del pasado año la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional (FMI) le concedieron un paquete de créditos de 78,000 millones de euros a cambio de draconianas reformas para reducir el Estado.