Managua/ACAN-EFE
Los jueces del país tipificaron como “faltas leves” el 77,5 % de las denuncias procesadas en el último año por violencia intrafamiliar o abuso sexual, lo que incrementa el riesgo de muerte, la inseguridad e impunidad, denunció hoy una fuente oficial.
El director del Instituto de Medicina Legal en Nicaragua, Zacarías Duarte, declaró hoy a los periodistas que de 33.535 denuncias por violencia doméstica o abuso sexual que recibieron los jueces el pasado año, 26.000 se tipificaron como “faltas leves”.
El funcionario advirtió que en este país impera una “cultura androcéntrica” y los jueces aplican “un criterio anatomista y no un criterio (más) integral” para procesar los casos de violencia y abuso sexual.
Este año se contabilizan unas 18 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas sentimentales o conocidos, según organizaciones de derechos humanos.
“La cultura androcéntrica influye en la victimización secundaria y en la retardación de justicia, en la impunidad a mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia intrafamiliar y sexual”, señaló Duarte.
Agregó que las instituciones del Estado no están coordinadas, ni “aplican los protocolos y normas de atención” internacionalmente aceptados a las víctimas, a las que revictimizan con “múltiples interrogatorios”, hasta que desisten de sus denuncias.
“La práctica frecuente de la mediación” entre las mujeres y sus victimarios “aumenta el riesgo de muerte, el riesgo para la salud, para la seguridad, aumenta la impunidad y la victimización secundaria”, continuó.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el pasado 26 de febrero la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres, la que entrará en vigor el próximo 22 de junio.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, informó hoy que para aplicar esa ley el Estado requiere de al menos un millón de dólares para capacitar a unos 1.000 funcionarios, entre policías, fiscales y jueces, contratar más personal y comprar nuevos equipos y recursos especializados.
Detalló que el Estado deberá nombrar a 18 jueces y 22 fiscales que se dedicarán exclusivamente a los casos de violencia de género.
“El reto es cumplir con el paradigma de que somos el país más seguro también para las mujeres”, afirmó Ramos. La ley que castiga la violencia de género impone hasta 30 años de prisión a los hombres que maltratan a las mujeres, fenómeno que el año pasado cobró la vida de 76 féminas, 13 menos que en 2010, según organizaciones no gubernamentales.
