La falta de una convocatoria oficial para las elecciones municipales, previstas para el primer domingo de noviembre, podría acarrear graves consecuencias para la organización y cumplimiento de los requisitos que la Ley Electoral establece para los partidos políticos, debido a que a siete meses de esos comicios ni siquiera existe un calendario de tareas para el proceso.
90 días antes vencería el plazo para solicitar cédulas nuevas. Es decir, el 6 de agosto.
45 días de campaña establece la Ley Electoral para las municipales. Esta sería del 17 de septiembre al 1 de noviembre, cuando iniciaría el silencio electoral.
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La inscripción de los partidos políticos y alianzas, la presentación de candidatos, su revisión, impugnaciones y reemplazos; la integración de las estructuras electorales de los departamentos y municipios y la revisión y entrega del padrón y la cartografía electoral son algunas de las tareas para las que el calendario de cada elección establece plazos, que podrían estar acortándose por la falta de un cronograma.
Normalmente el calendario se publica tras la convocatoria oficial de las elecciones, que en procesos anteriores se ha hecho más o menos un año antes del día de la votación.
Rosa Marina Zelaya, expresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), asegura que “con seis meses un CSE organiza perfectamente un proceso electoral” que sea limpio, libre, justo y transparente.
Sin embargo, reconoce que en Nicaragua esas garantías están en una carrera contra reloj porque, tras los procesos fraudulentos del 2008 y 2011, solamente quedaría un mes para que la renovación del sistema electoral que se pueda conseguir tras un diálogo nacional tenga cabida en los comicios inmediatos.
El diputado de la Alianza PLI y exalcalde de Boaco, Hugo Barquero, considera que la falta de una convocatoria oficial y de un calendario electoral de parte del CSE podría ser una estrategia del tribunal para boicotear la participación de la Alianza PLI, que no se inscribiría si no hay un cambio de autoridades electorales.
Según Barquero, de todas maneras se están preparando para cumplir con todos los requisitos si se cumplen sus demandas de un nuevo sistema electoral.
NECESIDAD VS. LEGALIDAD
Zelaya admite que existe un dilema sobre la falta de una convocatoria. Por un lado reconoce que la falta de esta podría retrasar el proceso, pero por otro también advierte que una convocatoria a cargo de las actuales autoridades de facto del CSE carecería de legalidad y legitimidad.
“En verdad —dice— no podemos hablar en un lenguaje técnico, cuando hay una realidad política donde la credibilidad está comprometida”.
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