Managua/ACAN-EFE
Cientos de ancianos paralizaron hoy el tránsito de vehículos en los alrededores de la Asamblea Nacional, en el antiguo centro de Managua, para demandar a los diputados una ley de pensión reducida de vejez, equivalente a unos 136 dólares mensuales.
El presidente de la Unidad Nacional del Adulto Mayor, que aglutina a los ancianos, Porfirio García, dijo a los periodistas que la protesta es permanente y entre hoy y mañana podrían declararse en huelga de hambre frente al edificio del Parlamento, si los diputados no resuelven sus exigencias.
Según García, en Nicaragua viven 25.000 ancianos que no lograron alcanzar el número mínimo de 750 semanas de cotizaciones que establece la ley, pero son mayores de 60 años y tienen al menos 250 semanas de cotizaciones, por lo que reclaman una pensión reducida.
Un grupo de los jubilados permanece frente a las principales puertas de acceso del Congreso, mientras otros están sobre la calle con pancartas o bailando música filarmónica y populares cumbias y merengues, sin permitir el tránsito de vehículos.
El presidente de la comisión de Salud de la Asamblea Nacional, el diputado oficialista Gustavo Porras, dijo a los periodistas que los ancianos deben dar «tiempo» al gobierno de Daniel Ortega para ver la «factibilidad económica» de las pensiones de vejez reducida.
Según Porras, esas pensiones representan unos 12,8 millones de dólares «que hay que ver si los aguanta» el Instituto Nicarag ense de Seguridad Social (INSS).
«Nosotros tenemos cinco años, como asociación, de demandar una pensión reducida, nuestra demanda no es nueva», señaló por su parte García.
Por otro lado, un grupo de exmilitares que demanda beneficios sociales y económicos al gobierno de Ortega, interrumpió desde la noche del martes el tránsito de vehículos en la localidad de San Benito, en la carretera Panamericana norte.
La prensa local informó hoy que en esa carretera de tránsito internacional cientos de personas se vieron forzadas a caminar para llegar a sus hogares, mientras que decenas de camiones, autobuses y vehículos particulares permanecían varados a ambos lados de la carretera y otros buscan vías alternativas para circular.
Los exmilitares han efectuado diversas protestas desde febrero pasado en demanda de una ley en su beneficio, lotes de terreno, acceso a medicinas, atención especializada y una pensión para los lisiados de guerra.
El gobierno del presidente inconstitucional Ortega no se ha referido a esa protesta.
