Elízabeth Romero
Más de 600 exagentes, que desde 2009 a la fecha han dejado de laborar para la Policía Nacional, siguen a la espera de su liquidación.
Se trata de expolicías que dejaron las filas policiales por su propia voluntad. Y según uno de los denunciantes —que habló en representación del resto y que omitió su nombre “por temor a represalias”—, lo único que les responden es que el Ministerio de Hacienda no tiene dinero para cancelarles.
Además expresó que las autoridades nunca sabrán lo que significa para ellos el atraso en su cancelación, pues las diferencias salariales son abismales.
El salario mensual de un policía de línea apenas llega a 2,300 córdobas, mientras la jefa de la institución, Aminta Granera, devenga seis mil dólares mensuales, afirmó el informante.
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En el caso del denunciante, dijo que a él le adeuda el Estado 25 mil córdobas como beneficio que debe recibir por los 15 años que le prestó servicio a la institución policial.
La fuente indicó que, todavía el año pasado, una buena cantidad de exoficiales fueron convocados a una reunión, en la que les invitaron a reincorporarse a la institución.
“Hay unos que regresan porque la ven sin remedio”, expresó el informante.
El jefe de Relaciones Públicas de la Policía, comisionado mayor Fernando Borge, manifestó desconocer esta situación.
“Desconozco en este momento de qué grupo se trata, si es alguna organización, porque hablar en nombre de 600 quiere decir que es una forma de organización, habría que ver cuáles son esos casos, ellos tienen adonde acudir para hacer sus reclamos de sus derechos en todo caso”, afirmó Borge.
Tras señalar: “Pero si hay alguien que quiere plantear algo, puede canalizarlo y nosotros lo vamos a atender… así en el aire es difícil, porque sin conocer específicamente casos es difícil dar una respuesta”.
La tardanza con que las autoridades policiales han abordado el caso ha provocado inconformidad entre los afectados, denunció el informante, quien no descartó el impulso de acciones de presión para que las autoridades les den respuesta.
En los últimos meses han salido a las calles a protestar exmilitares junto a desmovilizados que reclaman al gobierno inconstitucional de Daniel Ortega la entrega de beneficios.
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