Por Wendy Álvarez Hidalgo
Durante los últimos ocho años el excedente fiscal se ha acelerado rápidamente. En 2010 la sobrerrecaudación fue de 106.06 millones de dólares, pero en 2011 se elevó a 128.67 millones de dólares, lo que representó un crecimiento un poco más del 20 por ciento.
A pesar de este exorbitante remanente tributario, desde 2006 el gasto en pobreza se ha mantenido estancado y la inversión pública refleja una marcada tendencia a la baja al pasar del nueve por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) hace siete años, a 5.3 por ciento en 2010, según el estudio Contribución de la Inversión Pública al Crecimiento Económico, publicado por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp). Entonces ¿en qué se invierte cada centavo de la sobrerrecaudación? ¿Quién fiscaliza su uso?
La sobrerrecaudación es casi un cheque en blanco para el Gobierno, coinciden varios expertos fiscales. No existe una ley específica que regule el uso transparente de este ingreso proveniente de los impuestos de los nicaragüenses. En 2011, por ejemplo, el ejecutivo decidió ordenar el pago de 54 millones de dólares a Albanisa, un consorcio empresarial privado vinculado a la familia presidencial. Ese capital representaba casi el 76 por ciento del remanente fiscal y el restante supuestamente pasó a alimentar las reservas internacionales.
Julio Francisco Báez, experto fiscal, explica que si bien no existe ningún marco legal que obligue al ejecutivo a rendir cuentas sobre el uso específico de la sobrerrecaudación, y de ahí el manejo discrecional del mismo, esta situación se agrava debido a que la Asamblea Nacional ni la Contraloría General de la República (CGR) cumplen con el mandato de la Ley 550, Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario.
En la sección cuatro de esta ley, artículo 66, se ordena que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público debe presentar, “a los 30 días siguientes a la finalización de cada trimestre”, un informe de evaluación financiera presupuestario ante la Asamblea Nacional y la CGR.
Según Báez los informes llegan al poder legislativo, pero este no procede a fiscalizar con lupa la ejecución y uso de los fondos. Para el experto los diputados pierden esta oportunidad de pedir cuentas sobre el uso no solo de todos los fondos públicos, sino también de la sobrerrecaudación, la cual se calcula al finalizar el tercer trimestre del año y se incluye en el gasto público de cara al último trimestre.
Medal asegura que “la regulación a la sobrerrecaudación sería como un parche a un sistema presupuestario, que necesita un cambio completo. Se necesita una reorientación total del gasto”. Esta reforma abarcaría hasta la regulación del salario de los funcionarios públicos, el sistema de pensiones discrecional de las pensiones y otros.
Báez señala que el problema es que este caudal de ingresos se está usando de forma coyuntural. “Eso se llama anarquía presupuestaria” y por tanto se corre el riesgo de que el impacto del mismo sea nulo en la lucha contra la pobreza.
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OTRA BARRERA
La grave subestimación de la recaudación también obstaculiza la fiscalización de la sobrerrecaudación. El economista José Luis Medal señala que el simple hecho que la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, por ejemplo, no tenga capacidad técnica para medir de manera independiente las proyecciones de recaudación, tal como lo recomiendan organismos económicos mundiales, evita prever con certeza el volumen de recursos que manejará el ejecutivo.
El economista explica que a veces se subestiman los ingresos fiscales precisamente para no darle a las universidades, por ejemplo, lo que realmente les correspondería por ley. “Es más, parte de la cooperación venezolana, parte de por qué su uso discrecional (se debe a esto), porque si se metiera en el componente de donaciones del presupuesto habría que darle a la educación terciaria, que no es para tan pobres”, explica.
No obstante, Báez recuerda que al “fingir” sobre las recaudaciones, tendencia muy marcada en este Gobierno, se restringen las asignaciones claves como salud, educación, infraestructura y producción, afectando gravemente los programas de combate a la pobreza. En 2011 los ingresos fiscales crecieron un 22 por ciento, pero para este año se estima en un siete por ciento.
De hecho el estudio del Ieepp “Responsabilidad fiscal contra la pobreza”, del consultor Armando Navarrete, advierte que la inversión en gasto para pobreza se está deteriorando porque se está priorizando el gasto corriente en detrimento de la inversión. En 2010, por ejemplo, 847.9 millones de dólares se destinaron al gasto en pobreza, pero solo el 36.8 por ciento de ese monto fue gasto de capital.
En eso coincide el economista Medal, quien sí cree que el Gobierno está destinando más fondos para el gasto en pobreza, pero “se está focalizando mal”. Por ejemplo, añade, no se está destinando suficiente dinero a la educación técnica vocacional. También los salarios en algunos segmentos del Estado son excesivos y el sistema de pensiones es discrecional.
LEY REGULADORA
¿Se necesita una ley reguladora del uso transparente de la sobrerrecaudación? El diputado disidente sandinista Enrique Sáenz, y el liberal Wilfredo Navarro, quien es miembro de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea, creen que sí.
Pero Medal y Báez aseguran que lo que se necesita es un cambio estructural no solo en el uso de la sobrerrecaudación sino también en la distribución del gasto público.
El diputado Sáenz, quien adelantó que preparará una iniciativa de ley encaminada a fiscalizar el uso de la sobrerrecaudación, señala que no es posible que los ingresos fiscales estén creciendo como la espuma y el gasto en pobreza se mantenga estancado. Además cuestionó que hasta la fecha no se ha visto la inauguración de escuelas u hospitales en el país.
MANEJO DISCRECIONAL
Según el estudio del Ieepp el gasto en pobreza se ha mantenido en la línea del 12 por ciento del PIB en los últimos años. “No es posible que se esté destinando la sobrerrecaudación para el pago de una deuda misteriosa, una deuda con Enel que no se sabe por qué concepto era”, expresa Sáenz en referencia al pago realizado el año pasado por 1,222 millones de córdobas de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel) con sus suministradores de petróleo, es decir, Albanisa.
El diputado liberal Wilfredo Navarro reconoce que el Gobierno está manejando de forma discrecional los remanentes fiscales y asegura que desde hace varios años están intentando poner sobre la mesa de la Comisión Económica un proyecto de ley para fiscalizar el uso de este dinero. No obstante, recuerda que no ha sido posible introducir esta iniciativa porque tanto el parlamento como dicha comisión siempre han estado en manos del partido de Gobierno.
“Se ha planteado esa posibilidad, pero siempre hemos tenido el rechazo del Gobierno. Nosotros hemos querido incluirlo como una norma dentro del presupuesto, pero ellos no han querido, porque eso sería lo más rápido”, sostiene. “Este dinero debe ir exclusivamente para la reducción de la pobreza, en lugar de pagar deuda o las reservas”, añade.
LA PRENSA intentó buscar la versión del presidente de la Comisión Económica, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, pero no respondió las llamadas.
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