Josué Bravo
Corresponsal/Costa Rica
En una audiencia oral y pública realizada hoy en el Tribunal Contencioso Administrativo (TAC), abogados ambientalistas que ganaron la demanda contra la minería Crucitas, pidieron a la jueza ejecutora Lorena Montes de Oca, permitir el ingreso a esos terrenos a un grupo de expertos propuestos por ellos para valorar los daños ambientales provocados por el fallido proyecto.
“El asunto sugiere que se permita que un equipo de muchos profesionales, entre los que contamos con un ecólogo, un economista ambiental, un ingeniero forestal, un biólogo; ingresen al terreno (de la mina)”, dijo el abogado ambientalista Álvaro Sagot, quien junto a sus colegas Bernal Gamboa y Edgardo Araya ganaron la demanda.
“Es algo básico que se tienen que considerar dentro de este proceso, para formar pruebas a fin de establecer montos y las medidas necesarias para que se pueda ejecutar en un todo la sentencia firme del Tribunal Contencioso Administrativo”, añadió.
El TAC citó para hoy, a una audiencia oral y pública a las partes involucradas en el proceso judicial contra la minería Crucitas, para empezar a ejecutar la sentencia judicial que sepultó el polémico proyecto ubicado en la frontera con Nicaragua.
La cita empezó a las 9 de la mañana, donde se presentaron representantes de los demandantes Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (Apreflofas), el biólogo Jorge Lobo y de la Unión Norte por la Vida (Unovida), así como la demandada empresa canadiense Industrias Infinita.
La decisión sobre este pedido se dará a conocer esta tarde. EL TAC sepultó el proyecto a finales del 2010, cuando eliminó los permisos ambientales y un decretó ejecutivo que avaló a Crucitas, y sugirió investigar penalmente a funcionarios y ex funcionarios públicos involucrados, incluido el ex presidente Oscar Arias.
La audiencia se da a raíz de la solicitud de los abogados demandantes, quienes pidieron al Tribunal empezar a ejecutar la sentencia.
Entre las solicitudes está ordenar el ingreso a los terrenos donde se ubica el proyecto, a fin de cuantificar el daño ambiental causado por la tala rasa de 80 hectáreas de un bosque protegido por ley, efectuada por la empresa minera.
Una primera solicitud de los abogados para ingresar a la minería, fue rechazada por el TAC en febrero pasado. Los ambientalistas pretenden que Industrias Infinito pague por los daños causados y restablecer el bosque alado.
También quieren conocer cómo va el proceso por las investigaciones penales contra funcionarios y ex funcionarios.