Es su nombre el que aparece vinculado al de un narcotraficante y es su prestigio el que está en juego. Por esas razones, Julio César Ozuna, magistrado suplente del Consejo Supremo Electoral (CSE), debió ser el primero en solicitar que la Policía Nacional abriera un proceso de investigación, considera Alfonso Dávila Barbosa, exmagistrado judicial de Apelaciones.
Sin embargo, Ozuna se limitó a negar responsabilidades. En tanto, la Policía y la Fiscalía desestimaron la investigación del caso, a pesar de que existe una escritura en la que el magistrado aparece en sociedad anónima con David Patrón Arce, uno de los cabecillas de “Los Charros”, grupo asociado a actividades de crimen organizado con el nicaragüense Henry Fariñas.
A juicio de Alberto Novoa, exprocurador General de la República, el caso de Ozuna debería ser investigado —sobre todo por estar vinculado al de Fariñas— antes de llegar a una conclusión.
“(El caso) debía ser aclarado a la ciudadanía. Esto (la desestimación) crea un clima de que se intenta propiciar cierta impunidad a determinadas personas que están vinculadas al poder, en este caso al poder electoral”, apunta Novoa.
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