Tradicionalmente, el matrimonio se entendía como el compromiso en que un hombre y una mujer unían para siempre sus vidas. Dos factores apuntalaban poderosamente esta institución: la influencia cristiana y la racionalidad jurídica. Cristo había declarado en forma contundente la indisolubilidad del matrimonio: “Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre”. El ordenamiento jurídico, por su parte, orientado a procurar el bien común, consideraba importante la permanencia del pacto del que resultarían hijos, cuyo prolongado período de formación reclamaba un hogar estable.
Bajo el empuje del individualismo y el liberalismo anticlerical, el divorcio comenzó a difundirse a finales del siglo XIX. Del “hasta que la muerte os separe” se fue pasando, de hecho, al “hasta que os dé la regalada gana”. La apertura de esta puerta de escape a las dificultades maritales, más el hecho de que las ganas son tan frágiles como impredecibles, comenzó a multiplicar las rupturas familiares. Esto creó un dilema a los legisladores, pues aunque disminuían las consideraciones religiosas, subsistía la convicción de que era socialmente bueno que los matrimonios duraran. Tenían pues que armonizar la demanda individualista, que buscaba ampliar la libertad contractual de los contrayentes, con el imperativo social de proteger a la prole de rupturas perjudiciales.
Como resultado las legislaciones acompañaron al divorcio de medidas que intentaban moderarlo. Unas permitían la disolución del vínculo, pero hacían difícil contraer nuevo matrimonio. En la mayoría los jueces intentaban reconciliar a las parejas y concedían el divorcio solo si una de las partes demostraba que la otra había incurrido en algunas de las causales de disolución: por ejemplo adulterio. El culpable debía entonces asumir cargas relativamente gravosas. También solía reservarse para los unidos en matrimonio privilegios y derechos vedados no extensibles a las uniones de hecho —aquellas solo unidas por el pacto quebradizo— de “hasta que las ganas nos separen”.
Hubo, empero, otras legislaciones que desmontaron sin escrúpulos todos los diques para el rompimiento familiar. El caso primero y extremo fue el de la Rusia soviética. Los comunistas, enemigos acérrimos de la familia, suprimieron en 1918 el matrimonio religioso e introdujeron el divorcio unilateral. Sin requerir causa alguna el Estado lo concedió libre de cargas al cónyuge que lo solicitaba. La multitud de niños hambrientos que comenzaron a pulular por las calles, forzó a que se restablecieran algunas restricciones.
Bajo la influencia del individualismo extremo, algunas legislaciones occidentales —Canadá 1969, California 1970— probaron también el divorcio unilateral, aunque matizado con algunas exigencias alimentarias. Sus proponentes alegaban que así evitaban los costos y amarguras del proceso tradicional, donde un cónyuge tenía que probar la culpabilidad del otro. El resto de los Estados de la Unión, más Australia y Suecia, adoptaron esta modalidad. Pero su acogida no fue universal. En Europa de 22 países solo dos, incluyendo recientemente a España, lo han introducido. En América Latina ocurriría algo similar: Nicaragua sandinista, entonces alineada con los soviéticos, sería una de las excepciones en 1988.
Algo que ha frenado y aumentado la controversia sobre el divorcio unilateral es la evidencia de los últimos 30 años. En Canadá los divorcios se sextuplicaron en los 10 años siguientes a su introducción. Douglas Allen, de Harvard, ha dicho que “todos los artículos publicados concluyen que la tasa de divorcios se incrementa con el divorcio unilateral”, así como también la pobreza y, sin lugar a dudas, la población de niños en situación de riesgo.
Es sorprendente entonces que el nuevo Código de la Familia conserve una institución tan hostil a la familia como el divorcio unilateral y pretenda extender los derechos del matrimonio a la unión de hecho “estable” (las de dos años). Si el Gobierno toma en serio su proclamación de cristiano y defensor del derecho superior de los niños, bien haría en revisar este proyecto de ley. Bien haría también el cardenal Obando en sugerirlo.
El autor es sociólogo y fue ministro de educación 1990-1998.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
