Tania Sirias
La discrecionalidad que tendrá la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para solicitar información de ciudadanos y entidades privadas es algo que preocupa al sector empresarial, expresó ayer José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
Asimismo, indicó que es necesario limitar las excesivas facultades que tendrá la UAF, ya que de esta forma se evitará afectar los derechos constitucionales de los nicaragüenses que estarían amenazados si el dictamen se convierte en ley.
Aguerri agregó que el segundo punto que le preocupa es que tampoco existe una lista completa y clara de los sujetos que están obligados a brindar información financiera, que es como lo recomienda el Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic).
El presidente del Cosep afirmó que es necesario que se defina “de forma taxativa” quiénes son los “sujetos obligados” a informar.
LA UAF ES NECESARIA
Aguerri sostuvo que el sector empresarial está claro que se requieren estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero, temas relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado, sin embargo, es necesario lograr un consenso en este anteproyecto de ley.
También indicó que la UAF es necesaria para que nuestro país salga de la lista gris, donde el Gafic (Grupo de Acción Financiera del Caribe) tiene a Nicaragua “en lucha contra el lavado de dinero”.
DONDE NO HAY ACUERDO
Las principales discrepancias están en los artículos 4, 9 y 10 del dictamen (ver infografía).
El artículo cuatro, sobre facultades, expresa que la UAF podrá “solicitar y recibir directamente de las instituciones públicas y privadas o cualquier sujeto obligado” la información proveniente de transacciones u operaciones ligadas a actividades ilícitas.
En este punto, Juan Carlos Argüello, presidente de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), afirmó que según el Gafic, la investigación debe nacer de los Reportes de Operación Sospechosa (ROS), o de los Reportes Técnicos de Efectivo (RTE).
Aguerri agregó que, según el dictamen, aunque no exista un ROS, cualquier persona podría ser requerida, lo que atenta contra los derechos individuales de los ciudadanos.
UNA LISTA ABIERTA
Otro punto que no comparten con el dictamen de esta ley, dijo Aguerri, es el artículo 9, de los sujetos obligados, donde deja una lista mínima pero abierta. “Lo que permite de manera discrecional que la UAF incluya en esta lista a cualquier persona natural o jurídica”.
“Lo que nosotros hemos dicho a los equipos técnicos del Gobierno, es que esto no puede ser una unidad para que investigue a todos los nicaragüenses, sino que deben investigar a los sujetos que produzcan en los reportes una señal de alerta”, dijo Aguerri.
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