Ramón H. Potosme
La creación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) fue dictaminada sin consenso pues contó solo con el respaldo de la mayoría sandinista en la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional.
La divergencia se da tanto entre el Gobierno y la oposición, como con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp).
La preocupación de estos sectores es que la UAF, de ser aprobada, tal como está en el dictamen, tendría mucha discrecionalidad. Para la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) podría ser utilizada como un arma de persecución política.
Es requisito de parte de l Grupo Financiero de Acción Financiera (Gafic) para sacar a Nicaragua de la llamada “ lista gris” de países donde no se investigan bien los delitos relacionados con el crimen organizado, terrorismo y narcotráfico.
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Pero el presidente de la Comisión Económica del parlamento, el sandinista Wálmaro Gutiérrez, consideró que tal afirmación es falsa y dijo estar preocupado porque el Cosep y los banqueros quieran limitar la capacidad investigativa de la UAF. Según él, esto no es propio de empresarios serios.
El diputado Carlos Langrand, de la BDN y miembro de la comisión económica, plantea que el artículo nueve no establece claramente quiénes son los sujetos obligados a dar información y en el último párrafo no crea esa lista definida sino que a su juicio da la oportunidad para que la UAF investigue directamente a cualquier ciudadano. Con ello, consideró que la Ley tendría roces constitucionales por violar los derechos de los ciudadanos.
Al respecto, Gutiérrez señala que ello no sería posible porque la misma Ley garantiza que los derechos fundamentales consignados en la Constitución serán respetados. Adicionalmente argumentó que hay casos en que las operaciones no se hacen únicamente en instituciones financieras, bancos o casinos, y en esos casos es cuando la investigación la hará a través de la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía Nacional.
Tal investigación, según Gutiérrez, está permitida en la Ley Orgánica de la Policía Nacional. El enfoque que da Langrand y el Cosep para Gutiérrez es absurdo puesto que la UAF está inmersa dentro de la Ley de Seguridad Democrática.
Langrand señala que la forma adecuada es que la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financiera (Siboif), que es la que recibe de los sujetos obligados todas aquellas acciones que salen de la norma, los mande a la UAF como un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS). Es a partir de ahí que, según el legislador liberal, se debe iniciar la investigación y concluir con un reporte que determine si hay indicios o no de un delito.
Los delitos que investigará la UAF son los relacionados con el crimen organizado, lavado de dinero, narcotráfico y financiamiento al terrorismo.
Gutiérrez considera que la pretensión de quienes adversan el dictamen es limitar la facultad de la UAF de solicitar información y restringirla a actuar solo con los datos que envíen los sujetos obligados a través de un ROS.
“Eso solo iría en beneficio de quienes podrían estar interesados en cometer ese tipo de delitos. Me preocupan esas reacciones porque consideramos que no son propias de un sector privado y financiera serio y responsable”, dijo Gutiérrez.
Es requisito de parte del Grupo Financiero de Acción Financiera (Gafic) para sacar a Nicaragua de la llamada “ lista gris” de países donde no se investigan bien los delitos relacionados con el crimen organizado, terrorismo y narcotráfico.
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