Se necesita la UAF, no otra DGSE

Las siglas UAF puede que no le digan mucho. Hasta hace unos días solo estaban en el vocabulario de un pequeño grupo de personas en el país. Las mismas significan Unidad de Análisis Financiero, un nombre inocuo, que no debería asustar a nadie y que servirá para identificar una entidad muy técnica con la que en teoría la gran mayoría de los nicaragüenses nunca tendríamos nada que ver. En teoría.

Las siglas UAF puede que no le digan mucho. Hasta hace unos días solo estaban en el vocabulario de un pequeño grupo de personas en el país. Las mismas significan Unidad de Análisis Financiero, un nombre inocuo, que no debería asustar a nadie y que servirá para identificar una entidad muy técnica con la que en teoría la gran mayoría de los nicaragüenses nunca tendríamos nada que ver. En teoría.

La verdad es que para que la UAF exista debe nacer a través de una ley y es lo que la mayoría orteguista en la comisión económica ha dictaminado para esa ley, lo que debe preocuparnos ya que se convierte en una amenaza a nuestras libertades.

Pero comencemos por el principio. La UAF es una entidad altamente técnica que se debe formar como parte de los requerimientos que debe de cumplir Nicaragua en los compromisos adquiridos en la lucha conjunta de los países contra el crimen organizado, el lavado de dinero y el terrorismo.

¿Qué hace? Su misión es recopilar información potencialmente sospechosa de estar relacionada con las actividades delictivas arriba mencionadas para ayudar a las autoridades como la Fiscalía y la Policía en su lucha contra este flagelo.

¿Cómo lo hace? Internacionalmente se ha acordado que hay un grupo de actividades que pueden ser utilizadas por los criminales para lavar dinero obtenido del narcotráfico o que utilizan los terroristas para trasladar el dinero y perpetrar sus ataques. Esas actividades son las que en las leyes de los diferentes países y en el dictamen preparado por el orteguismo se llaman “sujetos obligados”. Los sujetos obligados son 15 e incluyen desde los bancos hasta los casinos y casas de empeño, pasando por autolotes, cooperativas de crédito, empresas que envían remesas, comercializadoras de armas, etc.

Estos sujetos obligados son requeridos por la Ley de informar a la UAF de cualquier actividad sospechosa o transacción en efectivo inusual superior a diez mil dólares.

Hasta aquí ninguno de nosotros debemos preocuparnos. El tema no nos toca, a menos que de pronto depositemos en nuestra cuenta de ahorro 200 mil dólares que no podamos explicar de dónde salieron.

La Unidad y su ley creadora deben ser bienvenidas porque ayudará a que el país pueda luchar mejor contra el terrorismo y el tráfico de drogas, una amenaza muy cercana a nosotros.

Sin embargo, por esa manía que tiene el orteguismo de querer controlarnos y de querer utilizar las leyes como chantaje no han podido dejar pasar la oportunidad en este caso y en el artículo nueve del dictamen, en lugar de simplemente tomar la lista de sujetos obligados reconocidos internacionalmente el régimen decidió crear una lista incompleta, pero lo que es peor, abierta. Lo que permitiría a la UAF, de pasar el dictamen tal como está, convertirse en una versión moderna de la temida Dirección Nacional de Seguridad del Estado (DGSE) de los años ochenta.

El dictamen del orteguismo en el artículo nueve solo enumera siete de los 15 sujetos obligados, para luego agregar: “La anterior lista no es taxativa ni limitativa, en consecuencia, a solicitud de la UAF y por conducto de la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía (DIE) serán sujetos obligados a informar de manera puntual y para caso concreto, cualquier persona natural o jurídica que realice operaciones que superen los límites establecidos por la ley…”.

El gran problema aquí es que el sujeto obligado pasa de ser un grupo de entidades específicas que deben incorporar en sus operaciones del día a día mecanismos que le permitan detectar operaciones sospechosas de quienes requieren de sus servicios, para reportarlas a la UAF y que esta pueda, basada en esos reportes, sacar un informe que podría enviar a la Policía y la Fiscalía para que procedan a investigar; a que la UAF por sí y ante sí decida directamente a quién va a investigar sin que medie un reporte, un análisis, mucho menos una denuncia o acusación ni que se garantice el debido proceso.

Esto convierte a la UAF en una herramienta a ser utilizada contra cualquiera y ante la cual el ciudadano estaría indefenso. O si no, que me expliquen los legisladores orteguistas cómo esperan que una persona natural pueda cumplir con el artículo 14 que establece que “los sujetos obligados (léase cualquiera)… desarrollarán y aplicarán normativas aprobadas por la UAF para prevenir lavado de dinero…”. Desde ahí está frito cualquiera que de la noche a la mañana se convierte en un sujeto obligado.

eduardo-enriquez@laprensa.com.ni

@GuayoPeriodista

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