Roces con la Constitución

Usted o cualquier ciudadano podría ser requerido para dar información a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), de ser aprobada tal como lo dictaminaron los diputados sandinistas en la Asamblea Nacional. Así lo advierte Dayra Valle, investigadora del Instituto de Estudios, Estratégicos y Política Públicas (Ieepp).

La próxima semana el plenario de la Asamblea Nacional discutirá el polémico dictamen de la UAF, la Bancada Democrática se opone a los poderes excesivos que el orteguismo pretende darle a esa unidad ya que amenazan las libertades ciudadanas. LA

Ramón Potosme y Lucía Navas

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El presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Alberto Guevara, respaldó el anteproyecto de ley de la UAF, y negó que su alcance invada facultades de las autoridades supervisoras del Sistema Financiero Nacional.

“No invade nada (…) No hay nada (en la Ley) que esté rompiendo la lógica”, defendió Guevara.

Insistió el funcionario que la UAF se requiere por cuanto Nicaragua debe cumplir con las exigencias internacionales de reforzar su marco legal y de actuación contra los delitos relacionados con el crimen organizado, terrorismo y narcotráfico.

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Usted o cualquier ciudadano podría ser requerido para dar información a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), de ser aprobada tal como lo dictaminaron los diputados sandinistas en la Asamblea Nacional. Así lo advierte Dayra Valle, investigadora del Instituto de Estudios, Estratégicos y Política Públicas (Ieepp).

Valle señala que la UAF no debería poder solicitarle información a cualquier ciudadano si no tiene indicios de estar relacionado con un tema de lavado de dinero (que haya sido reportado por los llamado sujetos obligados). Para ello, propone que se defina claramente la lista de sujetos obligados a dar información y que se saque definitivamente de ello a cualquier persona natural o jurídica.

Adicionalmente propone que la lista de sujetos obligados no se limite a las ya establecidas en el dictamen de la ley, sino que se amplíe a otras figuras que aparecen en el artículo 15 de la norma para la prevención de los riesgos de lavado de dinero, bienes o activos y financiamiento al terrorismo que aprobó la Superintendencia de Bancos.

En esta normativa se incluyen otras figuras como autolotes, arrendadores de transporte acuático, comercializadores de antigüedades y joyas, personas jurídicas domiciliadas o con presencia en territorios conocidos como paraísos fiscales, entre otros.

Pero el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea, Wálmaro Gutiérrez, señala que cuando se trata de particulares la UAF pediría información a través de la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía Nacional. Pero Valle señala que no está así en el dictamen de ley.

“Hay que recordar que la UAF es una unidad de análisis y tal como aparece (en el dictamen) pareciera que se puede acercar a cualquier ciudadano y este se puede sentir,, amenazado”, dijo Valle.

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