Por Elízabeth Romero
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El 2011 fue un mal año en materia de derechos humanos según el informe anual del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que considera que el año pasado estuvo marcado por hechos violentos relacionados sobre todo con el contexto electoral.
El mismo hace un resumen de los casos donde se violentó el derecho contra la vida, como los casos de Coperna, donde fue asesinado el secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Ronaldo Martínez, y cuyo caso quedó en la impunidad, después que los acusados fueron absueltos por considerar el judicial que la acusación carecía de requisitos.
Igualmente menciona la matanza de El Carrizo, donde los autores del asesinato de tres miembros de la familia Pérez Torres, fueron sentenciados a mínimas penas al condenarlos a poco más de tres años de prisión.
También destaca el informe la muerte de Santos Joyas Borge, conocido como “Pablo Negro”, quien presuntamente se había alzado en armas en contra del gobierno de Daniel Ortega y el crimen contra el padre Marlon Pupiro cuyos casos no fueron del todo esclarecidos.
Para la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, el año pasado en el país hubo un retroceso en materia de derechos humanos, por lo que consideró que fue un año “negativo”, no solo por la cantidad de acciones “imputables” a diferentes autoridades que se vieron involucradas en los mismos, sino porque a nivel general el Estado incumplió la serie de recomendaciones que a nivel internacional le hicieron diferentes instancias como los Comités de los Pactos de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La presentación del informe anual del Cenidh, que fue con motivo a sus 22 años de fundación, coincidió con el informe anual presentado por la Procuraduría de Derechos Humanos en la Asamblea Nacional y que basado en sus estadísticas establece que el año pasado hubo una reducción de las denuncias por violaciones a derechos humanos en el país.
Pero, la Procuraduría coincide con el Cenidh en cuanto a que la institución más denunciada fue la Policía Nacional.
El Cenidh detalló que de 1,600 denuncias recibidas en ese período, 609 fueron contra la Policía Nacional.
El director del Cenidh, Mauro Ampié estima que el aumento de las denuncias contra las fuerzas públicas pudo estar asociado a la violencia intrafamiliar, pero también señaló han recibido denuncias sobre detenciones ilegales, malos tratos, y algunas sobre tortura entre otros.
“Ya casi estamos considerando al gobierno de Nicaragua como un Estado que se encamina a la sistematicidad en cuanto a la violación de derechos humanos y su accionar deficitartio en materia de derechos humanos, (y) se proyecta durante este nuevo año y así lo reflejan en el informe de primeros 100 días de gobierno inconstitucional anexado al informe”, dijo Núñez.
