GUATEMALA /AP
El general retirado Efraín Ríos Montt compareció este lunes ante la justicia guatemalteca acusado por la fiscalía de una masacre en la que más de 200 campesinos murieron en 1982 en el norte del país.
El ministerio Público intenta probar que el exgobernante de facto tuvo responsabilidad en la operación militar en la cual murieron 201 campesinos de la comunidad Dos Erres, en Petén, a unos 500 kilómetros al norte de la capital, un acto que enmarcan dentro de la política de «tierra arrasada» ejecutada durante parte del conflicto armado que se prolongó por 36 años en la nación centroamericana.
La jueza a cargo del proceso, Carol Patricia Flores le preguntó al exgeneral si había entendido los hechos de los cuales lo acusaba el ministerio Público. «No», dijo en una monosílaba Ríos Montt segundos después agregando que «por está razón no podría declarar».
Flores otorgo un receso para que la defensa pudiese explicarle los cargos al exgeneral. Antes, la jueza había descartado un recurso de los abogados defensores de Ríos Montt que buscaba impedir la realización de la diligencia alegando un conflicto de competencia del juzgado.
El 7 de diciembre de 1982, 17 kaibiles, como se denomina a los comandos élite del ejército, y otros 40 soldados ingresaron a la Dos Erres y perpetraron una cruenta matanza que incluyó torturar a muchos hombres antes de ejecutarlos, la muerte de docenas de niños y las violaciones de las mujeres de la comunidad.
El de las Dos Erres es el segundo expediente judicial en el que el exdictador figura como imputado, ya que el general, de 85 años, también es acusado de genocidio, por el exterminio de comunidades indígenas del centro del país, en una causa distinta.
El exdictador guatemalteco es acusado por la fiscalía de ser el autor intelectual de 266 operativos militares en los que habrían muerto al menos 1,771 personas, se habrían cometido 1,400 violaciones a los derechos humanos y desplazado a por lo menos 29,000 personas entre 1982 y 1983.
El conflicto armado terminó en 1996 con un acuerdo de paz entre el gobierno y las guerrillas.
Una comisión de la verdad auspiciada por Naciones Unidas reportó que durante de las hostilidades hubo más de 200,000 muertos y desaparecidos, en su mayoría civiles, indígenas y campesino, de los cuales responsabilizó primordialmente al ejército.